El gobierno de Javier Milei preadjudicó a la firma belga Jan de Nul, en sociedad con la local Servimagnus, la concesión por 25 años de la Hidrovía Paraná – Paraguay. La compañía, que realiza las tareas de dragado en la región desde la década de 1990, se impuso en la licitación al consorcio también belga DEME Group.
El nuevo contrato prevé inversiones privadas por unos U$S 10.000 millones destinadas a profundizar y ampliar la vía navegable. El proyecto busca llevar la profundidad actual de 36 pies a 40 pies (con proyección a 44), lo que permitirá optimizar la capacidad de carga de los buques en los puertos del Gran Rosario y reducir los costos logísticos.
En sintonía con la política oficial de reducir la intervención estatal, la modernización de la principal ruta fluvial del país se financiará íntegramente mediante el cobro de peajes a los usuarios, sin aportes directos del Tesoro Nacional.
La Hidrovía es un corredor estratégico clave para la economía argentina, ya que por allí circula aproximadamente el 80% de las exportaciones de granos, harinas y aceites vegetales. El complejo agroindustrial representa la mayor fuente de divisas del país, aportando cerca del 60% del total de las exportaciones nacionales.
La resolución de la licitación llega tras un historial de suspensiones y controversias. Una convocatoria previa del actual Gobierno había sido anulada tras denuncias de supuesto direccionamiento en favor de la firma ganadora.
El proceso también estuvo atravesado por tensiones geopolíticas, incluyendo presentaciones ante funcionarios de Estados Unidos por presuntos vínculos de firmas competidoras con intereses de capitales chinos. Con este paso, el Gobierno ratifica su estrategia de delegar la gestión de infraestructura clave en el sector privado para apuntalar la competitividad del sector agroexportador.
