La guerra contra la inflación comenzó este fin de semana con la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, que tiene como objetivo estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos. La noticia causó un fuerte rechazo en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que consideró “un atentado contra la industrialización de soja”.
A través del decreto 132 publicado en el Boletín Oficial, se anunciaba este sábado por la mañana la modificación del actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, como lo son el aceite y la harina, a partir de la quita del diferencial entre los productos industrializados y los sin procesar dentro del complejo sojero.
De esta manera, estos subproductos pasarán de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación, lo que implica una suba de dos puntos en la alícuota, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año. La creación de este Fondo Estabilizador formó parte de los anuncios económicos formulados ayer por el presidente Alberto Fernández, a fin de reducir el impacto local de la fuerte suba del precio internacional del trigo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Más tarde, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, refrendaba lo comunicado en el decreto: “Esta suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor”, explicó.
Asimismo, Domínguez informó que se instrumentarán las medidas necesarias “para estabilizar al precio del trigo a valores pre bélicos, mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra” entre Rusia y Ucrania. Además, explicó que se busca “desacoplar” el precio interno de los precios internacionales con dos objetivos: “uno, tratar de cuidar a los consumidores; segundo, que esta medida no perjudique a los productores argentinos”.
Desde Ciara rechazaron rotundamente la suba de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja al 33% y consideraron que la medida es un “atentado contra la industrialización de la soja” en el país. También destacaron que estos productos representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país al mundo.
“Esta medida es una clara indicación de que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”, resaltaron en el mensaje difundido.
