El viernes por la mañana, desde el Camping del Sindicato de Recolectores, ubicado en San Martín al 7000, todo el arco gremial y de organizaciones sociales informaron sobre la modalidad que va a tomar la medida de fuerza.
“Vamos a llevar adelante cortes sobre los ingresos a Rosario desde las 0 horas del dia 22 de junio, y vamos a concentrar a las 10 de la mañana en Oroño y Pelle y de ahí marcharemos a Plaza San Martín donde diremos a través de un documento todo lo que se ha expresado en esta convocatoria”, declaró Edgardo Arrieta, secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento.
“Al paro se han adherido compañeros taxistas, estamos esperando a los compañeros de la uta que están en partiaria por lo que no han podido venir”, agregó el sindicalista, “hemos recibido adhesiones de otros sectores, si bien no todos van a a implementar un paro y una marcha. Los industriales, empresarios, universidades y la bolsa de comercio se van a expresar en un documento adhiriendo a lo que estamos planteando pidiendo un fin a la violencia”.
“Acá no hay politica partidaria, tenemos una necesidad en todo Rosario y alrededores de que estemos fuera de la violencia, que terminen los ataques a colegios, y las balaceras”, expresó Arrieta, “más que un paro, lo que buscamos es una rotunda presencia de la sociedad, que exprese un mensaje un ‘basta a la violencia’. Hoy la sociedad está harta, y está encerrada en su casa sin poder expresarse”
Al paro general que se realizará el próximo jueves, se sumarán un importante sector de los gremios y organizaciones sociales. Entre ellos están la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte – seccional Rosario (CATT), los peajistas nucleados en el SUTPA, los sindicatos de portuarios, marítimos, camioneros alineados a Hugo y Pablo Moyano, docentes, recolectores, Estatales nucleados en sindicato N.Or.T.E., fleteros, CGT, correo, trabajadores municipales, Luz y Fuerza, judiciales, Amsafe, ATE y representantes de la Iglesia, Apyme, Centro de almaceneros Rosario y la CCC.
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En la medida también se ordenó el embargo por 350 millones de pesos para los principales implicados, quienes continuarán el proceso sin prisión preventiva.