El geriátrico de barrio La Guardia, ubicado en Benito Juárez al 1100, que funciona como un refugio para adultas mayores, se convirtió en el epicentro de denuncias por maltrato y abuso, tanto hacia las mujeres como al personal. Según informó el Diario digital RosarioInfo, las denuncias ya fueron presentadas ante la Justicia, mientras la Municipalidad clausuró el lugar, aunque sigue operando en un limbo legal.
El conflicto comenzó en enero, cuando una nueva administradora tomó el control del establecimiento. Desde entonces, las condiciones se deterioraron drásticamente. Testimonios y pruebas dan cuenta de camas sucias, adultas mayores orinadas sin higiene adecuada, hacinamiento con dos personas en una sola cama y la llegada de 30 nuevas adultas mayores en condiciones deplorables.
Según relataron los denunciantes, era recurrente el uso de medicamentos para mantener a las adultas mayores dormidas y calladas. “Le daban pastillas a las personas que a ellos les estorbaban, para que estén dormidas o semidormidas”, denunció una exempleada. Una mujer que antes caminaba y cantaba, terminó postrada tras ser dopada: “Cuando la vimos, estaba postrada y dormida”. También se registraron escaras sin atención médica y restricciones al ingreso de enfermeras contratadas por familiares.
El maltrato físico fue otra constante. “La agarran del cuello, de la mano, le doblan los dedos, todo, para que se quede quieta”, relató una testigo. Además, una anciana fue encontrada con marcas en sus muñecas tras ser atada con fuerza.
El personal, además, sufrió abusos laborales. Empleadas fueron despedidas sin aviso ni pago, y la dueña contrató policías para impedir sus reclamos. “Nos quedamos esperando toda la mañana bajo el rayo del sol a que nos pagase lo que nos debía, pero no lo hizo”, relató una afectada. Algunas renunciaron ante la presión y las pésimas condiciones de trabajo, agravadas por la falta de equipamiento adecuado.
El geriátrico, según denunciaron, tiene techos deteriorados, humedad, enganches de luz y deudas de gas. A pesar de las clausuras y los testimonios, sigue operando mientras la Justicia avanza con lentitud. Algunas familias retiraron a sus seres queridos, pero otras prefieren ignorar la situación por los bajos costos del lugar.
