Amalia Granata presentó este lunes una denuncia formal ante el Tribunal Electoral de Santa Fe solicitando que se revise y anule la candidatura de Alejandra “La Locomotora” Oliveras como convencional constituyente. La presentación fue realizada junto a Eugenio Malaponte, candidato al Concejo, y apunta a que la exboxeadora no cumpliría con el requisito de residencia mínima exigido por la Constitución provincial.
Según detallaron los denunciantes, Oliveras habría trasladado su domicilio a la localidad santafesina de Santo Tomé recién en febrero de este año, pocos meses antes de las elecciones, cuando la normativa establece que los candidatos deben contar con al menos dos años de residencia continua en la provincia si no nacieron en ella.
“El objetivo es preservar la institucionalidad y el respeto a las reglas de juego”, declaró Granata, quien también es convencional electa. “Oliveras no nació en Santa Fe, residía en Córdoba hasta hace poco y, además, mantiene vínculos laborales con el gobierno nacional en Buenos Aires. No figura en el padrón electoral, por lo que ni siquiera votó en estas elecciones”, aseguró.
Granata también señaló que Oliveras habría sido impulsada políticamente por el senador Felipe Michlig con el objetivo de sumar apoyo al oficialismo. “Esto es una maniobra para garantizarle mayoría al gobernador Pullaro. La ciudadanía no es ingenua, esto es una trampa avalada con total impunidad”, disparó.
En el escrito presentado ante el Tribunal Electoral, Malaponte remarcó que la Carta Magna santafesina exige que los convencionales constituyentes cumplan las condiciones de elegibilidad de los diputados provinciales. Es decir, haber nacido en la provincia o tener al menos dos años de residencia inmediata anterior a la elección.
Alejandra Oliveras encabezó la lista del Frente de la Esperanza y fue la sexta candidata más votada en las elecciones de abril, obteniendo 78.471 sufragios. Logró así una de las tres bancas que esa fuerza política tendrá en la Convención que reformará la Constitución santafesina.
“Ahora le toca al Tribunal revisar esta situación. Nosotros ya hicimos lo que corresponde: denunciar una posible irregularidad que afecta directamente la legitimidad del proceso”, concluyó Granata.
