El Gobierno nacional avanzará con una reconfiguración de los medios estatales que incluye un cambio de identidad para la señal hasta ahora conocida como TV Pública. La confirmación llegó de boca del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien además planteó que la administración libertaria no puede privatizarla porque la normativa vigente no lo permite, pero sí puede reducir su estructura y recortar gastos.
En declaraciones difundidas por agencias y medios del interior, Adorni sostuvo que el Poder Ejecutivo está habilitado a “achicar” el funcionamiento del canal y que el cambio de nombre se inscribe en una “nueva etapa” del esquema de comunicación pública.
El argumento oficial para descartar una privatización se apoya en que la legislación que regula el sistema de medios audiovisuales no habilitaría una venta directa de la señal, por lo que el enfoque sería otro: un rediseño de la estructura y una reducción del gasto asociado al funcionamiento.
La definición reaviva un debate recurrente: cuál debe ser el rol de los medios públicos, cuánto deben costar y qué tipo de contenidos deben producir. En la mirada del Gobierno, la prioridad pasa por recortar lo que considera “sobredimensionado”, mientras que desde sectores sindicales y opositores suelen advertir que los ajustes terminan impactando en empleo, producción cultural y cobertura federal.
