En una jornada cargada de tensión, la ley de “Ficha Limpia” naufragó en el Senado cuando dos legisladores de Misiones, junto con el bloque del Frente de Todos, decidieron frenar la norma por apenas un sufragio. Aunque en Diputados habían respaldado el proyecto que buscaba inhabilitar a condenados en segunda instancia por delitos contra la administración pública, en la Cámara alta dieron marcha atrás en el momento clave.
Desde temprano, la Casa Rosada desplegó una intensa campaña de llamados para asegurar los respaldos necesarios. “Nos atosigaron con presiones telefónicas”, reconoció un integrante de la bancada oficialista bajo reserva. Incluso se llegó a filtrar un comunicado de la Presidencia reprochando el rechazo: en él, se acusó a los senadores de privilegiar “sus intereses personales y partidarios” por sobre las exigencias ciudadanas.
En el centro de la polémica quedaron los senadores renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Ambos habían evadido confirmar su voto hasta el último minuto —“después de la sesión, hablamos”, repetían— y, pese a declarar públicamente su apoyo —Rojas Decut llegó a afirmar en una radio misionera que “la sociedad demanda Ficha Limpia” —, finalmente optaron por no acompañar la iniciativa en el recinto.
Previo al debate, el bloque kirchnerista presentó un dictamen de minoría con reparos formales que abrían la puerta a revisar el texto en comisión, a sabiendas de que dificultarían su aprobación directa. Por ello, la oposición impulsó una votación única, que se intentó por sistema electrónico y terminó realizándose a mano alzada, en un giro que algunos atribuyeron a un error táctico.
Al tratarse de una ley de carácter electoral, hacía falta una mayoría absoluta de 37 votos —incluso la vicepresidenta no podía desempatar—. El resultado final fue de 36 a favor y 35 en contra, con aplausos del kirchnerismo celebrando lo que calificaron como “una victoria de la prudencia”.
El presidente Javier Milei reaccionó en sus redes con un escueto “Lamentable. Fin” y, poco después, el Palacio de Gobierno emitió una nota oficial repudiando la “actitud negligente” de los senadores. En contraste, desde Misiones el gobernador Carlos Rovira defendió la posición de sus representantes, advirtiendo sobre la “soberanía de los mandatos provinciales”.
La controversia se agravó cuando la senadora Alejandra Vigo, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, denunció un supuesto pacto político entre el Ejecutivo nacional y la provincia de Misiones, diseñado para favorecer candidaturas en las próximas elecciones provinciales, incluida una aspirante del espacio libertario. “Ese acuerdo táctico ha dinamitado un proyecto largamente debatido en el Congreso”, afirmó Vigo al concluir la sesión.
Con este inesperado desenlace, la norma que durante años prometía endurecer los requisitos de elegibilidad para los cargos públicos quedó archivada, y el peronismo disidente de Misiones se erige como el artífice de un vuelco legislativo que pocos vieron venir.
