La Justicia llevó a cabo una serie de allanamientos por la causa del fentanilo contaminado, que al momento registró 96 muertes. El operativo más resonante se realizó en la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat). Además, se llevaron adelante operativos en domicilios de siete funcionarios.
Entre los dispositivos secuestrados se incluyó el de la directora de Anmat, Nélida Agustina Bisio, para tratar de constatar la implicancia de organismos públicos detrás del opioide adulterado.
El objeto de los procedimientos, tanto de ordenes de presentación como de allanamientos es preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados, con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado.
Además de la ANMAT, otros organismos públicos como el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y el Ministerio de Salud están bajo la mira. De hecho, este último dejó de ser querellante en la causa y pasó a ser investigado.
Sobre el Iname, luego de que se conociera la posible vinculación de su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, se decidió su apartamiento.
Asimismo, todavía se resuelven las indagatorias y las situaciones procesales de los imputados.
