El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, dio lugar este jueves a la solicitud del Ministerio de Salud de la Nación para actuar como querellante en la causa que investiga la muerte de al menos 52 pacientes tras haber recibido fentanilo contaminado en distintos hospitales del país.
La cartera que dirige Mario Lugones había fundamentado su presentación en la necesidad de colaborar activamente con la Justicia en el esclarecimiento de un caso que generó alarma en el sistema sanitario nacional. Según trascendió, el ministerio ya venía brindando información técnica desde el inicio de la causa, y con esta nueva intervención busca reforzar su papel como garante de la salud pública.
El expediente, que está bajo análisis del juzgado platense, recibió también en los últimos días pedidos de adhesión por parte de tres centros médicos de Rosario donde se reportaron casos fatales con características similares.
El fentanilo contaminado, un potente opioide utilizado habitualmente en terapias intensivas, fue asociado con la aparición de un brote de neumonía grave en pacientes internados. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había vinculado las muertes con ampollas adquiridas al laboratorio HLB Pharma, cuyo producto fue elaborado por la firma Ramallo. En mayo, el organismo presentó una denuncia formal que dio origen al expediente.
Desde entonces, la investigación no solo se centra en lo ocurrido en La Plata, sino que fue extendiéndose a otras jurisdicciones, entre ellas Rosario, la Ciudad de Buenos Aires y distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires.
En paralelo, el laboratorio señalado como proveedor de los lotes bajo sospecha rompió el silencio. En las últimas horas, HLB Pharma presentó dos defensas: una a través de un escrito enviado directamente al juzgado, firmado por Nilda Furfaro —quien se presenta como expresidenta de la firma— y otra mediante un comunicado publicado en su sitio web oficial.
En su declaración judicial, Furfaro sostiene que la empresa es blanco de una “campaña de desprestigio” y niega las acusaciones sobre supuesta falta de trazabilidad del fentanilo. Asegura que todo remanente del producto fue destruido y califica como “falsas” las versiones sobre irregularidades detectadas por la ANMAT.
Asimismo, la exdirectiva argumenta que la mayoría de las observaciones realizadas por el organismo de control fueron de índole administrativa y no implicaron hallazgos de productos contaminados. “Nuestro laboratorio ha sido uno de los más inspeccionados del país, lo que demuestra el nivel de exigencia al que está sometido”, sostiene el texto.
En tanto, el comunicado institucional de la empresa insiste en que una bacteria multirresistente presente en los hospitales no podría haberse originado en el entorno controlado de un laboratorio farmacéutico. Además, acusa a competidores del rubro de intentar sacar provecho de la situación, distorsionando informes técnicos para perjudicar a la firma.
Por ahora, en el expediente judicial no hay personas imputadas ni detenidas. Tampoco fueron citados a declarar los responsables técnicos del laboratorio. La investigación continúa con peritajes, análisis de documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.
Desde el juzgado indicaron que aún resta cruzar datos clínicos de los hospitales involucrados con los lotes distribuidos para definir si hubo negligencia o dolo en el proceso de producción y distribución del fentanilo. Mientras tanto, el número de fallecidos confirmados asciende a 52, aunque no se descarta que la cifra pueda crecer.
