El ex director de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (la exAfip, ahora Arca), Carlos Vaudagna y el exdirector de Vicentin, Omar Scarel fueron procesados por encubrir reintegros del IVA de forma indebida en exportación por más de 143 millones de pesos.
La resolución fue dictada por el juez federal de Reconquista, Ricardo Alcides Mianovich, puesto que ambos directivos fueron acusados de ser coautores de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por la gravedad del delito precedente.
A Vaudagna se le agrega el haber quedado en concurso real con el de lavado de activos agravado por su habitualidad y por haber sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en carácter de autor.
La decisión del juez coincidió con la acusación formulada por fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum; el titular de la PROCELAC, Diego Velasco; el fiscal a cargo de la delegación Rosario de esa procuraduría, Juan Argibay Molina; y por el titular de la PIA, el fiscal nacional Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa dependencia, Esteban Venditti, cuando en diciembre de 2024 pidieron que se indaguen a los acusados.
De acuerdo a la página de Fiscales.gob.ar, entre 2015 y 2024 se detectaron ingresos al sistema económico legal de dinero de origen ilícito a través de operaciones y del uso de empresas creadas para ese fin. De esa forma, las maniobras no sólo buscaban encubrir el delito sino también blanquear activos.
En ese sentido, la acusación estableció que dichas operaciones eran para beneficiar a la agroexportadora y sus directivos y así eludir la apropiación de reintegros de IVA por 143.254.723,61 de pesos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. El objetivo se consiguió a través de la declaración créditos fiscales ficticios basados en facturas emitidas por proveedores y corredores irregulares que se hicieron con granos en el mercado marginal, y no cumplieron con el pago regular del IVA por esas operaciones.
Por dicha situación, se procesaron a 14 directivos de Vicentín como coautores del delito de apropiación indebida de beneficios fiscales, agravado por la cantidad de intervinientes. Se probó que 57 de los proveedores relacionados a la empresa eran apócrifos y que sus créditos fiscales eran falsos.
