Un preso pidió la libertad condicional porque asegura que logró un precontrato con una empresa líder a nivel mundial en tecnología y redes sociales.
Los abogados defensores del preso alojado en la Unidad Penitenciaria de Piñero, Alejandro Impallari y Damian Andrés Vicente, solicitaron que se morigere la prisión preventiva a modo de prisión domiciliaria con fundamento laboral en beneficio de toda la sociedad.
En la presentación, aseguraron que un conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales, que desarrolla herramientas que ayudan a las personas a conectarse, y encontrar comunidades, ha aprobado y avalado una nueva aplicación superadora y distintas de las demás, desarrollada por el recluso con un celular obsoleto que le fuera retenido en una requisa.
Según los defensores, la empresa ha evaluado la muestra de la aplicación enviada por el detenido mediante 2 requisitos esenciales de admisibilidad dirigido a los desarrolladores web. La empresa aceptó el proyecto y promete un precontrato con un primer desembolso de 300.000 dólares, los que serán abonados contra la entrega de la aplicación terminada.
Además, destacaron que la fecha límite para la entrega del producto ofrecido es el 7 de diciembre de este año. Para lograrlo debe tener a su disposición un excelente servicio de internet y emplear al menos a 20 personas con amplio conocimiento en desarrollo web y javascript.
Ante este panorama, la defensa pidió que se morigere la prisión preventiva por todos los hechos de encubrimiento investigados y la condena que ya cumplió más de la mitad. Como alternativa ante la solicitud, los letrados ofrecieron para finalizar el proyecto que haya al menos en el domicilio de la madre donde cumpliría la medida un empleado judicial con conocimientos en el tema, un policía y se le coloque un dispositivo de control.
Una vez que perciba el primer desembolso de la empresa estadounidense, ofreció u$s25.000 para resarcir a sus supuestas víctimas, otros u$s25.000 a la Policía de la Provincia de Santa Fe por comprar autos de dudosa procedencia, u$s al Poder Judicial de la provincia por generar un dispendio jurisdiccional innecesario y un desgaste en la investigación de los delitos, u$s25.000 para los abogados defensores y u$s200.000 para todas las personas empleadas.
Subsidiariamente los abogados solicitaron que ante el improbable caso que no estén acreditados los hechos y el derecho para el otorgamiento de la prisión domiciliaria, se le conceda salidas laborales extraordinarias y excepcionales, de lunes a sábado, de 9 a 21, para desarrollar el trabajo.
Los profesionales anticiparon en la presentación que el proyecto de aplicación será presentado a la brevedad al presidente de la Nación, Javier Milei.
