El Gobierno cerró este jueves un acuerdo político clave en la Cámara alta: logró el dictamen de mayoría para la reforma laboral en el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, aunque la discusión en el recinto no se hará en diciembre y quedará para febrero de 2026. La confirmación se dio durante la reunión de comisiones y fue la propia Patricia Bullrich quien lo explicitó ante los senadores.
La decisión —pactada entre La Libertad Avanza y sectores de la oposición dialoguista— también alcanzó a otro texto sensible: la iniciativa vinculada a glaciares avanzó con despacho, pero seguirá el mismo camino de postergación para su tratamiento en el recinto.
En cambio, la hoja de ruta para el cierre del período extraordinario apunta a otras prioridades: en el Senado se prevé que este viernes avance el dictamen del Presupuesto 2026 junto con la llamada ley de “inocencia fiscal”, con la mira puesta en sancionarlas el viernes 26 de diciembre. El temario forma parte de las extraordinarias convocadas por el Ejecutivo hasta el martes 30.
La negociación, de todos modos, atravesó horas de máxima tensión. El clima se enrareció tras lo ocurrido en Diputados con la votación del Presupuesto 2026 y, especialmente, con el reparto de lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN), que detonó desconfianzas dentro del esquema de alianzas parlamentarias. En ese contexto, cerca del mediodía las conversaciones en el Senado estuvieron a punto de romperse, y Bullrich se trasladó de urgencia a la Casa Rosada.
El deshielo llegó por la tarde. De regreso en el Congreso, y tras una reunión en el bloque radical, se resolvió avanzar con la firma del dictamen de la reforma laboral —con cambios puntuales— y abrir una ventana de enero y comienzos de febrero para “pulir” el texto antes de llevarlo al recinto. Un legislador con acceso a las tratativas resumió el escenario como una discusión al límite que se encauzó para preservar la convivencia entre quienes venían coordinando votaciones en las últimas semanas.
El tablero numérico explica el vértigo. Las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda reúnen 17 integrantes: cinco del oficialismo, cinco del kirchnerismo y siete de fuerzas dialoguistas. Según la crónica del día, el bloque kirchnerista no aportó nombres para integrar formalmente las comisiones, por lo que no podía firmar despachos y buscaba judicializar lo que considera un “atropello” del oficialismo y de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la organización interna del Senado. Con ese esquema, La Libertad Avanza necesitaba reunir al menos nueve voluntades (la mitad más uno) y, por lo tanto, conseguir cuatro firmas entre los dialoguistas para sumarlas a sus cinco.
Tras el plenario, los respaldos que se alinearon con el oficialismo incluyeron a los radicales Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Flavio Fama y Silvana Schneider; a los senadores del PRO Martín Goerling (en disidencia) y Andrea Cristina; a la tucumana Beatriz Ávila (del espacio jaldista) y al correntino Carlos “Camau” Espínola, identificado como peronista disidente. En la vereda opuesta, no acompañaron con su firma el jefe del radicalismo en el Senado, Eduardo Vischi, ni la cordobesa Alejandra Vigo.
En paralelo, el interbloque peronista conducido por José Mayans siguió de cerca el desenlace y volvió a reclamar que se reordene la integración de comisiones, un tironeo que ya había marcado el arranque del nuevo ciclo parlamentario.
