El incremento se explica prácticamente por completo en el aumento del combustible, que ya de por sí venía subiendo los costos y terminó de consolidar esa línea con el conflicto de Medio Oriente, sumada a la ausencia total de subsidios por parte de la Nación.
Este miércoles, el Gobierno Provincial autorizó una actualización tarifaria para las empresas de transporte interurbano de la provincia. Si bien el sector había solicitado un incremento del 40 %, el ajuste finalmente será del 30,57 %. Además, recordaron que el boleto no registraba modificaciones desde agosto de 2025, con costos calculados a junio de ese año. Desde entonces, el combustible acumuló una suba del 57,4%.
Los criterios adoptados surgen del estudio de costos realizado por la Secretaría de Transporte y Logística, bajo la premisa de “no generar un golpe al bolsillo de los santafesinos”. La actualización responde, principalmente, al aumento del combustible -insumo esencial para el funcionamiento de las unidades-, a la variación del tipo de cambio, cercana al 20 %, que impacta en el mantenimiento de los vehículos, y a la evolución de los componentes salariales de los choferes.
Desde el Gobierno Provincial señalaron que, aunque el pedido empresarial rondaba el 40%, el análisis técnico arrojó un 30,57 %, porcentaje que finalmente se autorizó. En ese sentido, sostuvieron que la decisión se tomó con responsabilidad y contemplando tanto la situación de los usuarios como el contexto crítico que atraviesa el sector, agravado por la falta de fondos nacionales.
Asimismo, el Ejecutivo reavivó el reclamo por la distribución de recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Indicó que la Provincia ya aportó, con fondos propios, $ 193.039.457.925 -incluyendo el Boleto Educativo- y que, desde enero de 2024 a la fecha, los aportes ascienden a $ 703.761 millones.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo remarcaron que Santa Fe queda excluida de los subsidios que Nación concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pese a los aportes de los santafesinos. En ese marco, calificaron la distribución como “arbitraria” y señalaron que coloca a las provincias en una situación de desventaja.
