El Congreso volvió a marcarle la cancha al Gobierno. En una jornada cargada de tensiones políticas, el Senado sancionó dos leyes clave: la que establece la emergencia en el sistema de salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales, y la que refuerza el presupuesto para las universidades públicas. Ambas iniciativas avanzaron con mayorías holgadas, dejando al oficialismo prácticamente aislado.
La norma vinculada al Hospital Garrahan, en conflicto desde hace dos meses por falta de recursos, fue aprobada tras cinco horas de debate con 62 votos afirmativos y apenas 8 en contra. El texto obliga al Poder Ejecutivo a destinar partidas extraordinarias para garantizar salarios de médicos y residentes, liberar de Ganancias a las guardias y horas extras del personal, y financiar medicamentos, vacunas, insumos críticos e infraestructura. También habilita mecanismos excepcionales de compra para acelerar la provisión de materiales.
El clima en el recinto se tensó cuando tomó la palabra el senador cordobés Luis Juez (Pro), padre de una paciente del Garrahan, quien conmovido afirmó: “No nos pueden quitar la última esperanza de nuestros hijos. Lo que necesite el hospital, se lo merece”. Sus palabras reflejaron la magnitud del consenso político alcanzado: desde el kirchnerismo hasta sectores de la UCR, el Pro y legisladores provinciales que solían acompañar al oficialismo, todos confluyeron en el apoyo al proyecto. Solo un puñado de libertarios y aliados se mantuvieron en contra, entre ellos la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, cercana a Patricia Bullrich.
El Gobierno quedó en soledad, sin siquiera una defensa cerrada en el recinto: el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, decidió no intervenir en el debate. “El Garrahan atiende el 40% de los cánceres infantiles del país. Declarar la emergencia no es un capricho, es una necesidad”, argumentó la senadora Natalia Gadano (Santa Cruz), mientras que el catamarqueño Guillermo Andrada subrayó que los fondos que se destinan a la especulación financiera equivalen a varios presupuestos del hospital.
La jornada también trajo otro golpe para la Casa Rosada. Horas antes, la Cámara alta había derogado cinco decretos de desregulación firmados por Federico Sturzenegger y, más tarde, aprobó la ley que aumenta el financiamiento universitario. Ese proyecto fue avalado por 58 votos contra 10, con tres abstenciones. El amplio margen deja abierta la posibilidad de que, en caso de veto presidencial, el Senado pueda insistir con la sanción.
La iniciativa establece la actualización de las partidas presupuestarias del sistema universitario nacional tomando como base el 1° de enero de este año y ajustando por la inflación acumulada de 2023 y 2024. También dispone una recomposición salarial retroactiva para docentes y no docentes desde diciembre pasado y la obligación de paritarias mensuales. En palabras del senador Fernando Salino (San Luis), la ley busca “proteger y sostener la educación universitaria pública en todo el territorio argentino”.
Con estos resultados, el Gobierno de Javier Milei acumula un nuevo revés legislativo. Aun con el compromiso presidencial de vetar las normas, la composición del Senado anticipa que la última palabra podría no estar en la Casa Rosada, sino nuevamente en el Congreso.
