El Senado de la Nación Argentina dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares 26.639 con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, tras más de cuatro horas de debate. La iniciativa, impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza, contó con apoyo de sectores radicales, del PRO, partidos provinciales y legisladores peronistas de provincias mineras, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
El proyecto redefine qué glaciares y áreas periglaciares estarán protegidos, limitando el alcance a aquellos que cumplan funciones hídricas. Esa determinación quedará en manos de las provincias, que deberán informar al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales para actualizar el Inventario Nacional. Se mantiene la prohibición de actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera en zonas protegidas, aunque las autoridades provinciales podrán evaluar el impacto ambiental de cada proyecto.
La sesión estuvo atravesada por la polémica por cambios incorporados durante el tratamiento en particular y por la detención de 12 activistas de Greenpeace que protestaron en el Congreso. El Gobierno argumenta que, a 15 años de vigencia de la ley, aún no se completó la evaluación sobre la función hídrica efectiva de muchas geoformas relevadas.
