A contrarreloj y con la sesión ya en el calendario, el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que había ingresado al Congreso al comienzo de la semana y enviará un nuevo texto con un cambio central: la edad de punibilidad se fijará en 14 años y no en 13, como planteaba la iniciativa original.
La marcha atrás se produjo a un día del dictamen y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, luego de detectar que el texto remitido no reflejaba el número que el oficialismo venía conversando con bloques dialoguistas en ambas cámaras. En el oficialismo lo atribuyeron a una “desinteligencia” y ratificaron que la hoja de ruta no cambia: buscar dictamen el miércoles y llevar el tema al recinto el jueves.
Las comisiones se ponen en marcha y el debate se concentra el miércoles
Para habilitar el dictamen, La Libertad Avanza necesita primero formalizar la integración de las comisiones que intervendrán en el tratamiento. Según el esquema informado, este martes se conforman dos espacios clave: la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que quedará presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA), y la Comisión de Justicia, que sería encabezada por el correntino Lisandro Almirón (LLA).
La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11 e incorporará, además, a Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. La sesión en la Cámara baja, en tanto, fue prevista para el jueves cerca del mediodía.
Un proyecto con costo fiscal y negociación por infraestructura
Más allá del cambio en la edad, el texto que el Ejecutivo enviará incorpora un componente que volvió decisivo el poroteo: el impacto presupuestario. El artículo 51 establece una asignación de $23.739.155.303,08 para implementar el nuevo régimen, con partidas para el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
La iniciativa también abre la puerta a acuerdos entre Nación y provincias para transferencias específicas vinculadas a la construcción de nuevas instalaciones, un punto que, según el armado parlamentario, formó parte de las conversaciones para destrabar apoyos.
Penas diferenciadas y tope de 15 años
El oficialismo sostiene que el proyecto busca ordenar un sistema penal juvenil integral y responder a la demanda social por seguridad, con un esquema de sanciones distinto al régimen adulto. En ese sentido, propone penas diferenciadas y descarta la reclusión perpetua.
Para los delitos más graves —como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros— el texto fija una pena máxima de 15 años de prisión; un umbral menor al de dictámenes previos, donde se había contemplado un tope superior.
El proyecto, además, prioriza medidas de resocialización y prevé que la privación de libertad sea excepcional. En el caso de adolescentes de hasta 15 años imputados por delitos graves, habilita a los jueces a disponer detención, aunque con foco en reinserción. Para delitos menores, prevé sanciones no privativas de libertad, tareas comunitarias y reparación del daño.
Institutos especiales y garantías durante el proceso
La propuesta oficial incorpora la creación de institutos especiales para adolescentes condenados, con garantías de acceso a educación, atención médica y abordaje de consumos problemáticos, y con una prohibición explícita: no habrá convivencia entre menores y adultos detenidos.
También refuerza derechos procesales para los imputados: patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada etapa. Ese paquete de garantías, remarcan en el Congreso, fue parte de la discusión sobre financiamiento y ahora aparece contemplado en la arquitectura presupuestaria del texto.
