El Gobierno nacional decidió sostener su posición frente al reclamo universitario después de la nueva Marcha Federal que se realizó en distintos puntos del país. En la Casa Rosada aseguran que no habrá cambios inmediatos en la estrategia y que el conflicto por la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario deberá resolverse en la Corte Suprema.
La administración de Javier Milei considera que la norma aprobada por el Congreso no puede aplicarse en los términos planteados porque, según argumentan, no cuenta con una fuente de financiamiento específica. Bajo esa lectura, el Ejecutivo insiste en que cumplirla implicaría comprometer el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de su programa económico.
La protesta volvió a reunir a estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y organizaciones políticas en defensa de la universidad pública. El reclamo principal fue la actualización de partidas presupuestarias, la recomposición salarial y el cumplimiento de la ley sancionada por el Congreso.
Desde el oficialismo, sin embargo, buscaron relativizar el impacto político de la marcha y remarcaron que el tema ya está en manos del máximo tribunal. El Gobierno presentó un recurso extraordinario y espera que la Corte defina si corresponde avanzar con la aplicación de la norma.
En paralelo, voceros del Ejecutivo volvieron a cuestionar la presencia de sectores opositores en la movilización y afirmaron que parte del reclamo fue utilizado políticamente. Aun así, desde el sistema universitario remarcan que la situación presupuestaria sigue siendo crítica y advierten que el deterioro afecta salarios, becas, investigación, infraestructura y funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.
El conflicto, lejos de cerrarse, ingresa ahora en una etapa judicial y política más tensa. Mientras las universidades reclaman previsibilidad para sostener el ciclo académico, el Gobierno mantiene su prioridad fiscal y espera que la Corte marque el próximo movimiento.
