La administración nacional avanza con una nueva etapa de recorte en el empleo público y apunta a reducir entre 5.000 y 6.000 puestos en el corto plazo, aunque la meta oficial es más ambiciosa: alcanzar una poda equivalente al 10% de la planta total de la administración nacional, empresas y sociedades del Estado, lo que supondría más de 27.000 empleos. El ajuste se concentraría especialmente en organismos descentralizados.
El nuevo achique forma parte de la estrategia de reducción del gasto que viene desplegando el Gobierno desde el inicio de la gestión. En paralelo, el contexto internacional volvió a meter presión sobre la economía argentina por la suba del petróleo, que este fin de semana regresó a niveles superiores a los US$100 por barril en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente.
La combinación no es menor. Por un lado, el recorte estatal anticipa más conflictividad laboral y un nuevo ajuste sobre la estructura pública. Por el otro, el encarecimiento del crudo amenaza con trasladarse a combustibles, transporte, logística e inflación, justo cuando la actividad todavía muestra fragilidad. Distintos análisis internacionales advierten que una suba sostenida de la energía puede frenar crecimiento y sumar presión inflacionaria a escala global.
En ese marco, el Gobierno enfrenta una doble tensión: profundizar su programa de ajuste interno mientras la coyuntura internacional vuelve más incierto el frente económico. El recorte del empleo público y el repunte del petróleo aparecen así como dos señales distintas de un mismo problema: el margen para ordenar las cuentas sin costos sociales ni nuevos sobresaltos macroeconómicos sigue siendo estrecho.
