El Gobierno Nacional anunció este martes la decisión de iniciar el proceso de privatización de Intercargo, la empresa encargada de brindar servicios de rampa y manejo de equipajes en los aeropuertos argentinos. La decisión se formalizó mediante el Decreto 198/2025 publicado en el Boletín Oficial, autorizando la venta del 100% de las acciones a través de una licitación pública internacional.
La determinación gubernamental responde a un conflicto ocurrido a finales del año pasado, cuando una medida gremial afectó gravemente la operatividad en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, generando cancelaciones y severos perjuicios a miles de pasajeros. Durante esa crisis, aproximadamente 2.000 viajeros quedaron atrapados en aeronaves debido a la paralización de servicios por parte del personal de Intercargo.
En noviembre de 2024, tras este episodio, el Ejecutivo había anunciado la desregulación del sector, permitiendo que empresas privadas comenzaran a operar en actividades antes exclusivas de Intercargo. En ese contexto, Manuel Adorni, portavoz habitual del Gobierno, advirtió en conferencia de prensa que el modelo vigente “no iba a continuar”, asegurando que no permitirían más situaciones en las que “un conflicto sindical tome de rehén a pasajeros y perjudique su movilidad por cuestiones laborales, médicas o vacacionales”.
Históricamente, Intercargo monopolizó los servicios de rampa y traslado de pasajeros bajo contratos directos establecidos por la Resolución 7417/90, especialmente en los aeropuertos “Ministro Pistarini” de Ezeiza y “Jorge Newbery” en Buenos Aires, extendiendo su cobertura posteriormente a 21 aeropuertos del país.
El decreto recientemente firmado detalla que la venta de la empresa será gestionada por el Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Esta entidad tendrá la responsabilidad de llevar adelante el procedimiento licitatorio internacional, garantizando que la transición se realice sin afectar la continuidad del servicio ni la conectividad nacional e internacional.
Además, se confirmó que antes de concretarse la privatización, el contrato de concesión actual entre el Estado e Intercargo será rescindido de común acuerdo. El gobierno aseguró en el decreto que este movimiento responde a una estrategia más amplia de desregular el sector aeroportuario, con el fin de adaptarlo a estándares internacionales y permitir una competencia más abierta y eficiente.
El documento establece también la responsabilidad del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, para asegurar la continuidad ininterrumpida del servicio de rampa, garantizando así la fluidez en la conectividad aérea nacional e internacional tras la privatización.
