En una nueva etapa de su política económica, el Gobierno nacional anunció un conjunto de medidas destinadas a reducir la carga de controles fiscales sobre los ciudadanos. Bajo el título de “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, se presentaron cambios normativos que buscan simplificar el sistema y eliminar lo que se consideró una “burocracia excesiva” en torno a los movimientos financieros personales.
El encargado de dar los detalles fue el titular de la Agencia Federal de Ingresos (ARCA), Juan Pazo, quien apuntó contra las políticas fiscales de administraciones anteriores: “Se nombraron más de 6.000 agentes y se duplicaron las regulaciones. El resultado fue el contrario al esperado: se fomentó la informalidad y se castigó al que cumplía.”
Uno de los ejes centrales del anuncio fue la derogación de numerosos regímenes informativos. Entre ellos, ya no será obligatorio reportar los consumos con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales. También quedó sin efecto el conocido “CITI de los escribanos”, que obligaba a informar todas las operaciones registradas ante escribanía.
Además, se eliminaron los informes sobre compraventa de autos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos en servicios públicos como luz, agua, gas y telefonía. Según explicaron, estas medidas buscan resguardar el derecho a la privacidad y reducir la presión regulatoria sobre el ciudadano común.
Otra modificación clave afecta la relación entre los bancos y sus clientes. A partir de ahora, las entidades financieras no podrán exigir la presentación de declaraciones juradas de impuestos nacionales como requisito para operar. Si algún banco insiste en este tipo de exigencias, los usuarios estarán habilitados a rechazarlo y podrán presentar un reclamo ante Defensa del Consumidor.
También se anunciaron cambios en los umbrales de los controles que siguen vigentes. En el caso de transferencias y acreditaciones bancarias, los bancos solo deberán reportar montos superiores a $50 millones para personas físicas y $30 millones para empresas. Para extracciones en efectivo, el límite subió a $10 millones, sin distinción de tipo de titularidad.
Estas decisiones, según el Gobierno, apuntan a fomentar el uso del sistema financiero formal y a reconstruir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, sin mecanismos que sean percibidos como intrusivos o disuasorios.
