El Ejecutivo nacional oficializó una medida clave orientada a dinamizar el acceso a la tecnología: bajó los aranceles para la importación de teléfonos celulares y consolas de videojuegos. La decisión, que había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quedó plasmada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 333/2025, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.
La reducción en los tributos aplicados a la importación de celulares se implementará de forma escalonada. A partir del 20 de mayo, el Derecho de Importación Extrazona (DIE) baja del 16% al 8%. Y desde el 15 de enero de 2026, ese gravamen se eliminará completamente, estableciendo una alícuota del 0%. La medida alcanza a los productos incluidos en las posiciones arancelarias 8517.13.00 y 8517.14.31 del Mercosur, que abarcan tanto a smartphones como a teléfonos móviles convencionales (excepto los satelitales).
En paralelo, también se modificaron los impuestos que pesan sobre la importación de consolas de videojuegos. El nuevo esquema establece una baja del 35% al 20% en el arancel aplicable a las consolas clasificadas bajo la posición 9504.50.00. Con esto, se iguala su tratamiento fiscal al Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur. Asimismo, en el caso de consolas producidas en Tierra del Fuego, la carga impositiva pasará del 9,5% al 0%, siempre que se verifique que fueron fabricadas dentro del Área Aduanera Especial definida por la Ley N° 19.640.
Desde la Casa Rosada explicaron que la intención es fomentar la competencia, aumentar la oferta de productos tecnológicos y hacerlos más accesibles a la población. Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que los altos aranceles encarecen innecesariamente bienes de consumo masivo, como los celulares, que ya se consideran esenciales para la vida cotidiana y laboral.
Como parte del paquete de medidas, también se confirmó que se habilitarán los envíos exprés (courier) desde el Área Aduanera Especial hacia el resto del territorio nacional. Esto permitirá agilizar la logística y reducir costos, especialmente para los productos que se fabrican en Tierra del Fuego y se distribuyen en otras regiones del país.
Con este movimiento, el gobierno apunta a impulsar la competitividad y avanzar en una estrategia de liberalización comercial en sectores clave del consumo tecnológico.
