Con el calendario legislativo al límite, la Casa Rosada se prepara para empujar en el Senado dos proyectos que considera “de alto impacto”: la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil. En el oficialismo creen que la ventana política es ahora y por eso intentan ordenar votos y dictámenes para llegar a la sanción definitiva.
En la reforma laboral, el Ejecutivo insiste con un paquete de incentivos orientados al blanqueo y la contratación: el texto contempla un régimen de beneficios impositivos por cuatro años para empleadores que incorporen desempleados o monotributistas, además de un período acotado para regularizar personal no registrado.
La estrategia se apoya en el antecedente inmediato: el proyecto laboral ya superó una votación clave en la Cámara alta en febrero, en medio de protestas, y el Gobierno ahora busca cerrar el trámite parlamentario con el menor costo político posible.
