La quiebra de Bioceres S.A. —la sociedad fundacional del holding biotecnológico— no se resolvió con un trámite relámpago. Detrás de la resolución firmada por el juez Fernando Mécoli (Civil y Comercial, 6ª Nominación de Rosario) se acumuló un expediente de más de 2.100 fojas, armado a lo largo de dos meses de presentaciones, pedidos judiciales y anexos contables que anticipan una etapa compleja: verificación de créditos y revisión del itinerario societario que desembocó en la insolvencia.
El proceso se inició formalmente con el primer escrito ingresado el 29 de diciembre de 2025. A partir de allí, la empresa fue sumando documentación a requerimiento del juzgado: balances, certificaciones contables, planillas y referencias a la reconfiguración societaria de 2025, que incluyó movimientos vinculados al holding que tiene como activo central a Bioceres Crop Solutions (BIOX) y operaciones aprobadas por organismos de control en Estados Unidos.
“Pequeña quiebra”, no: el juzgado sorteó una sindicatura clase A
Un dato llamativo del expediente es que los representantes legales de la firma intentaron encuadrar el caso en un procedimiento de “pequeña quiebra”, un carril pensado para situaciones típicamente asociadas a pymes. El planteo no prosperó: finalmente se sorteó una sindicatura clase A, una señal de que el tribunal interpretó que el volumen, el entramado y la dimensión económica del caso exceden por mucho un trámite simplificado.
En tribunales, el razonamiento es lineal: el expediente no solo es voluminoso por la cantidad de papeles, sino por la trama transnacional que rodea a Bioceres. La combinación de negocios que reordenó el grupo —con eje en la fusión con Moolec y el desembarco del uruguayo Juan Sartori como inversor y luego como hombre fuerte del directorio de la S.A. que terminó quebrada— agrega capas de complejidad jurídica y técnica. De hecho, antes de habilitar el trámite, el juzgado exigió “bajo presión” que se incorporara toda la documentación vinculada a esas operaciones.
Pasivo récord y cesación de pagos confesada
En la presentación, la empresa reconoció el estado de cesación de pagos y expuso un pasivo que, según distintas fuentes documentales incorporadas al expediente, ronda los $226.000 millones, equivalentes a aproximadamente US$158 millones al tipo de cambio utilizado en las planillas internas.
Entre los acreedores figura un tenedor de Obligaciones Negociables, Draco, que habría ejecutado acciones que tenía en su poder. Aun así, habría quedado un saldo pendiente cercano a US$60 millones, siempre de acuerdo a la información incorporada al trámite. Esa ejecución aparece como el evento que precipitó la autopresentación en quiebra y, en el plano político-empresario, alimentó el discurso del sector alineado con Sartori para cargar responsabilidades sobre la conducción anterior, con Federico Trucco como principal apuntado.
La “foto” de PwC: patrimonio neto negativo
Dentro del paquete documental también se incorporó una certificación contable elaborada por PwC que toma como “foto” patrimonial el cierre de junio de 2025 y arroja un patrimonio neto negativo del orden de US$110 millones. Ese registro refuerza el argumento central del proceso concursal: la compañía no solo debía más de lo que podía pagar, sino que exhibía un deterioro patrimonial profundo.
Planillas internas y un activo con cifras contradictorias
El expediente, sin embargo, también expuso inconsistencias: aparecieron planillas internas en formato Excel —sin firma de contador público— con desacoples importantes sobre el activo declarado. Mientras un archivo consignaba poco más de $5.000 millones, otro elevaba esa cifra a casi $47.000 millones. El punto fue observado en el trámite previo, aunque no terminó siendo determinante para la decisión final.
La conclusión judicial, según reconstruyen en tribunales, se apoyó en un dato objetivo: el pasivo declarado superaba largamente al activo y la propia deudora admitía la imposibilidad de pago. Con esos parámetros, la normativa concursal deja poco margen: corresponde abrir la quiebra.
Lo que viene: créditos, responsabilidades y lupa sobre el reordenamiento societario
Con la quiebra ya abierta y la sindicatura designada, comienza el tramo más sensible: la verificación de créditos, la determinación fina del pasivo y el análisis del recorrido que llevó a que la sociedad “madre” del grupo quedara concentrando deudas. En el ambiente judicial dan por hecho que el caso no se agota en números: por el tamaño del expediente y el historial reciente del holding, el proceso puede abrir preguntas sobre decisiones societarias, administración y eventuales responsabilidades, en una disputa donde los nombres propios —Trucco y Sartori— ya dejaron de ser un telón de fondo para convertirse en parte del expediente.
