El Concejo Municipal aprobó este jueves una ordenanza que pone en marcha un protocolo de actuación contra las picadas ilegales en Rosario. La iniciativa, presentada por la concejala Samanta Arias, de La Libertad Avanza, busca reforzar los controles y erradicar las carreras clandestinas que se registran en distintos puntos de la ciudad.
El proyecto obtuvo acompañamiento de distintos bloques tras varias semanas de debate legislativo. La norma apunta a establecer una política de “tolerancia cero” frente a quienes utilizan la vía pública para competir a alta velocidad, con maniobras que ponen en riesgo a vecinos, peatones y otros conductores.
Entre los principales ejes del protocolo se destacan los operativos preventivos y permanentes, diseñados a partir de los sectores donde se concentran las denuncias vecinales. También se prevén intervenciones dinámicas, bloqueos de posibles vías de escape y el secuestro inmediato de los vehículos involucrados.
La problemática fue señalada especialmente en zonas como bulevar Oroño y Lamadrid, y avenida Carrasco, en la zona norte, donde vecinos vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre ruidos molestos, consumo de alcohol y episodios de conducción temeraria durante la madrugada.
Uno de los puntos centrales de la ordenanza es la adecuación técnica obligatoria de los vehículos secuestrados. Antes de su restitución, el Tribunal de Faltas podrá ordenar el retiro y destrucción de elementos no homologados, como escapes modificados u otros dispositivos utilizados para aumentar la potencia. Los costos quedarán a cargo del infractor.
La norma también contempla un endurecimiento de las sanciones: las multas se duplicarán ante la primera reincidencia y, en caso de reiteración, podrá disponerse la inhabilitación definitiva. Además, el municipio deberá realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación cuando los hechos encuadren en el artículo 193 bis del Código Penal.
Durante el tratamiento del proyecto se incorporaron aportes de otros bloques, entre ellos talleres obligatorios de educación vial y concientización, con el objetivo de complementar las sanciones con instancias formativas.
Tras la votación, Arias sostuvo que la ciudad necesitaba una herramienta concreta para enfrentar una práctica que “puso en riesgo vidas inocentes” durante años. “El que crea que puede usar la calle como pista de carreras tiene que saber que vamos a ser inflexibles”, afirmó.
