Productores rurales de la provincia de Santa Fe manifestaron su profunda preocupación ante el deterioro de las condiciones económicas que afectan al sector. Aunque la campaña agrícola comenzó con buenas perspectivas climáticas y suelos en condiciones óptimas, los costos crecientes y una carga fiscal considerada desproporcionada ponen en jaque la sustentabilidad de las explotaciones.
Uno de los puntos más críticos es el aumento del impuesto inmobiliario rural, que se incrementa un 13,51% en las cuotas 4, 5 y 6, de acuerdo al Decreto 1434/25. A esto se suma la figura del Gran Propietario Rural, que los productores exigen eliminar por su carácter distorsivo. También se cuestiona el incremento de Ingresos Brutos en servicios vinculados a la actividad agropecuaria.
En cuanto a insumos estratégicos, el combustible sigue encareciéndose. Entre enero y julio, el gasoil aumentó entre un 10% y un 12%, lo que impacta de lleno en la logística, el uso de maquinaria y el cálculo de tasas comunales, muchas de las cuales se basan en litros de gasoil por hectárea.
El sector también reclama por la distorsión del IVA: se compran insumos con un 21% de impuesto y se venden productos con solo el 10,5%, generando un saldo técnico que inmoviliza capital de trabajo y que, de hecho, termina financiando al Estado a tasa cero.
Otro punto sensible es la continuidad de los anticipos de Ganancias, que quitan liquidez y dificultan las inversiones. A esto se suman las retenciones, reimplantadas en un 33% para la soja y un 12% para el maíz. Según los productores, estos niveles dejan al 80% de la superficie en márgenes negativos, convirtiéndose en un retroceso grave para la competitividad del agro.
“No hay superávit fiscal legítimo si se construye a costa de asfixiar al sector productivo”, advierten, y exigen al gobierno nacional una explicación clara. Además, reclaman la eliminación del pago de patente a la maquinaria agrícola, al considerar que no se trata de un bien de transporte, sino de trabajo.
La inseguridad también se volvió un tema urgente: “Vivimos y trabajamos en territorios liberados. Exigimos que la justicia actúe, porque si no, somos todos cómplices”, sostienen. En cuanto a la infraestructura, alertan que su falta pone en riesgo vidas humanas y condiciona el desarrollo del interior.
En un contexto de precios internacionales bajos y escasa reacción política, los ruralistas santafesinos denuncian que el ajuste recae sobre sus espaldas mientras “la política no recorta gastos improductivos”. El sector reclama una reforma tributaria integral, con recursos que queden en los ciudadanos y reactiven la economía.
“Producimos alimentos, generamos empleo y divisas. Exigimos que el esfuerzo sea compartido y que el Estado alivie la carga sobre quienes sostenemos la economía real”, concluyen.
