Un documento judicial difundido en Estados Unidos volvió a poner bajo la lupa la frontera entre Colombia y Venezuela y el papel que, según la acusación, habrían tenido figuras clave del chavismo en el circuito del narcotráfico. En ese texto, el Departamento de Justicia apunta directamente a Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela, a quien ubica como un engranaje central para asegurar el paso de cocaína desde territorio colombiano hacia rutas de salida internacionales.
La acusación formal, presentada como un indictment, sostiene que Cabello realizó viajes reiterados a zonas limítrofes consideradas estratégicas por la presencia histórica de grupos armados y por la existencia de corredores utilizados para el tráfico de drogas. En ese marco, la Fiscalía estadounidense lo vincula con contactos en áreas controladas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde, siempre según el escrito, se garantizaba la continuidad del tránsito de cocaína.
El expediente menciona específicamente pistas aéreas clandestinas en cercanías de la frontera. Allí, de acuerdo con el documento, se habrían coordinado salidas de cargamentos tanto mediante vuelos con aval de funcionarios militares venezolanos como a través de trayectos clandestinos diseñados para evitar controles de las fuerzas de seguridad de distintos países de Sudamérica y Centroamérica. Para los investigadores, esa operatoria se sostuvo durante varios años y habría requerido supervisión directa para mantenerla activa.
Entre los pasajes citados, el texto señala que hacia finales de 2024 traficantes colombianos habrían conversado con un asociado de Cabello sobre planes para dar continuidad al envío de cocaína por Venezuela. Aunque esa referencia apunta a un entorno cercano y no lo menciona como interlocutor directo, la Fiscalía la utiliza como un indicio de la persistencia del esquema y del rol que le atribuye al funcionario.
La mención de ese período también reavivó debates en Colombia por la coincidencia temporal con una etapa en la que el gobierno de Gustavo Petro mantuvo conversaciones con el ELN en el marco de su política de “Paz Total”, hoy suspendida. El documento estadounidense no hace evaluaciones sobre esas negociaciones, pero plantea que, durante esos años, la guerrilla conservó control territorial sobre corredores y pistas que habrían seguido alimentando economías ilegales.
En paralelo, el mismo expediente judicial inscribe a Cabello dentro de una trama mayor: tanto él como Nicolás Maduro aparecen señalados como referentes de una red que, según la acusación, operó durante décadas y es asociada al llamado “Cartel de los Soles”. Mientras Maduro debe comparecer ante una corte federal en Nueva York, el caso mantiene a Cabello bajo el radar de la Justicia estadounidense por los hechos que se le imputan en el corredor fronterizo.
