Con un decreto reglamentario, el Gobierno activó los puntos centrales de la Ley de Inocencia Fiscal y puso en marcha lo que presenta como un “blanqueo popular permanente”: un esquema para que los contribuyentes puedan usar ahorros no declarados —incluidos los llamados “dólares del colchón”— sin que eso dispare una revisión patrimonial “hacia atrás”, siempre que tributen bajo el nuevo régimen desde ahora en adelante.
El corazón de la reglamentación es el Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas. Según el diseño oficial, la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) concentrará su fiscalización en ingresos y deducciones y dejará fuera del análisis la variación patrimonial, depósitos y consumos personales dentro de ese régimen.
La norma fija condiciones y umbrales: pueden adherir quienes tengan ingresos de hasta $1000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones, medidos año a año en los últimos tres ejercicios, con exclusión de los grandes contribuyentes (ARCA estimó cerca de 900). Además, el esquema prevé un “tapón fiscal”: si el impuesto del período base se paga en término, se activa un efecto liberatorio que impide revisar ese año y los anteriores, salvo casos específicos (por ejemplo, discrepancias relevantes o facturas apócrifas).
Para facilitar la operatoria, la reglamentación indica que los fondos deben ingresar al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación (depósito en cuenta del contribuyente o pago directo al vendedor), aunque mantiene una excepción relevante: la compra de inmuebles podrá seguir haciéndose en efectivo. En paralelo, se elevaron los umbrales de información bancaria: operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarían reportes automáticos a la ARCA.
El decreto también actualiza sanciones por incumplimientos formales (como no presentar declaraciones juradas) y modifica el criterio: antes de multar, ARCA enviará un recordatorio con un plazo para regularizar. Además, se ajustaron los parámetros del Régimen Penal Tributario (suben umbrales de evasión) y se reduce la prescripción para contribuyentes cumplidores.
La medida llega después de idas y vueltas con bancos y sujetos obligados, que reclamaban criterios unificados con el Banco Central y la UIF para evitar conflictos operativos. En el Gobierno aseguran que la reglamentación busca despejar esas dudas y acelerar adhesiones: hasta el momento, se habían inscripto unos 23.000 contribuyentes sobre un universo estimado de 600.000.
Detrás de la decisión hay un objetivo de fondo: que una porción del ahorro “fuera del sistema” se vuelque a consumo e inversión. En la Casa Rosada sostienen que, si se consolida la estabilidad, parte de esos fondos puede reingresar al circuito formal sin el temor a fiscalizaciones retroactivas.
