Los transportistas que trabajan con personas con discapacidad volverán a parar este viernes en Rosario y en distintos puntos del país, en una protesta que también incluirá a instituciones y profesionales del sector. La medida fue convocada para reclamar el pago de prestaciones adeudadas, una actualización de aranceles y el cumplimiento de la ley de emergencia aprobada por el Congreso. Según denunciaron las entidades, el atraso en los pagos ya lleva meses y el desfase arancelario ronda el 40%.
En ese marco, Marcelo López, referente de los transportistas de personas con discapacidad, describió un escenario límite. “Hay transporte que todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible, ni para comer. Entonces nosotros estamos en situación crítica y límite”, señaló en diálogo con VersiónRosario.
El reclamo, explicó, ya no se reduce a una discusión sectorial sino que expone una crisis más profunda, marcada por la imposibilidad de sostener la actividad y por la falta de respuestas oficiales. “Lo que nos preocupa mucho es la Argentina en la que estamos hoy, que a nadie le importa el otro. Todos los días uno se levanta, cierran fábricas, cierran transportes, cierran institutos, y es como que a nadie le importa. Todos los días sucede algo en la Argentina contra el trabajador. Eso es imperdonable”, sostuvo.
La incertidumbre económica es, según los prestadores, uno de los puntos más asfixiantes. López remarcó que la falta de certezas sobre los pagos vuelve inviable cualquier planificación y arrastra deudas con empleados, proveedores y compromisos personales. “La incertidumbre de no tener una fecha donde uno le pueda decir a la gente que le debe: esta fecha se puede. No hay fecha, nadie te atiende, nadie te contesta”, afirmó.
Luego graficó el impacto cotidiano de esa situación: “Usted imagínese que está seis meses sin cobrar. Seis meses sin cobrar. Todos con el combustible, con los empleados, con sus hijos, con su vida, con sus alquileres, con la cuota de la chata”. En esa misma línea, advirtió que aun cuando se destraben algunos pagos, los valores actuales ya quedaron atrasados frente a la inflación y no alcanzan para sostener la prestación.
El planteo coincide con lo manifestado por las organizaciones del sector, que denunciaron que muchas prestaciones no fueron abonadas en los últimos cinco meses y que obras sociales nacionales, entre ellas Pami e Incluir Salud, arrastran demoras en los pagos. Desde Apridis, además, alertaron que varias instituciones ya no pueden afrontar salarios, alquileres ni indemnizaciones.
Para López, el eje del conflicto también pasa por el incumplimiento de la normativa vigente. “Hay un arancel que es muy bajo, entonces así uno cobre algo, lo que cobra no sirve. Nosotros peleamos por la ley, se aprobó la ley y no la cumplen. No la cumplen. Acá hay algo que está muy claro: el Gobierno siempre dijo que dentro de la ley todo y fuera nada, y es el primero en no cumplir la ley. Entonces eso es lo principal. Todos tenemos que hacer cumplir la ley”, cuestionó.
La protesta de este viernes busca visibilizar no solo el desfinanciamiento que atraviesan transportistas, instituciones y profesionales, sino también el impacto directo sobre las personas con discapacidad. Desde el sector advierten que cuando se corta un traslado no solo se interrumpe un servicio: también se compromete el acceso a la educación, a la salud, a los tratamientos y a una vida con mayor autonomía.
