La Cámara de Diputados sesionará este jueves desde las 11 para tratar la Ley Penal Juvenil, una de las iniciativas que el Gobierno decidió empujar en extraordinarias. El oficialismo arribó al recinto con dictamen de mayoría firmado junto a aliados y bloques dialoguistas, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda anticiparon rechazo y cuestionamientos de fondo.
El eje más discutido es la baja de la edad de imputabilidad: el proyecto propone llevarla de 16 a 14 años. Además, establece un régimen específico para adolescentes con un esquema de sanciones escalonadas, priorizando medidas no privativas de libertad para delitos de menor gravedad, y reservando el encierro para casos más serios.
Entre los puntos salientes, el texto descarta la reclusión perpetua y fija una pena máxima de 15 años para menores. Para delitos con condenas inferiores a 3 años, directamente se prevé evitar la prisión; y para escalas de 3 a 10 años sin muerte ni lesiones graves, se enfatizan sanciones con enfoque social y educativo.
Otro capítulo clave es la implementación: el dictamen incorpora financiamiento, con una asignación de más de $20.000 millones para la Defensoría General y más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, una exigencia que los bloques dialoguistas plantearon como condición para que el nuevo régimen pueda aplicarse en la práctica.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca cerrar la “puerta giratoria” de menores que delinquen y dar una respuesta penal en casos que hoy quedan fuera del régimen vigente. En la vereda opuesta, los sectores más críticos discuten la eficacia de bajar la edad y advierten que no hay evidencia concluyente de que una mayor punibilidad reduzca el delito.
