Los diputados nacionales por Santa Fe, Mónica Fein y Esteban Paulón, presentaron una denuncia judicial contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y otros funcionarios, a quienes acusan de incumplir con la obligación de promulgar y aplicar la ley de emergencia en discapacidad.
El planteo fue realizado en los tribunales de Comodoro Py bajo la figura de incumplimiento de deberes de funcionario público. Los legisladores argumentan que, pese a que la norma fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y ratificada tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo todavía no la promulgó ni habilitó los recursos presupuestarios necesarios para que se ponga en marcha.
Además de Milei y Francos, la denuncia incluye a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al director del Registro Oficial, Walter González, por la demora en la publicación de la ley en el Boletín Oficial, un paso indispensable para su plena vigencia.
Paulón explicó que la medida judicial busca dar respuesta a “las inexplicables demoras en la publicación y cumplimiento” de una ley que consideran esencial para atender la situación de las personas con discapacidad. Fein, en la misma línea, subrayó que se trata de una urgencia que no puede esperar, ya que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de familias que dependen de estas políticas de apoyo.
Según el escrito presentado, el Congreso notificó formalmente al Ejecutivo sobre la insistencia en la ley a comienzos de septiembre, pero hasta ahora no hubo avances concretos en su implementación. Para los denunciantes, esa falta de acción no solo constituye un incumplimiento legal, sino que además evidencia una decisión política de desatender un tema de alta sensibilidad social.
La presentación judicial busca que la Justicia obligue al gobierno a cumplir con lo que marca la normativa: su publicación oficial, la asignación de fondos correspondientes y la aplicación inmediata de las medidas previstas.
Con esta denuncia, se suma un nuevo capítulo en la tensión entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo respecto del alcance de los vetos presidenciales y la responsabilidad de garantizar la ejecución de las leyes aprobadas, en especial cuando involucran derechos vinculados a sectores vulnerables de la población.
