La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa, impulsada por la oposición, obtuvo 143 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, y ahora será girada al Senado para su tratamiento definitivo.
La propuesta contempla medidas presupuestarias, administrativas y legislativas con el objetivo de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Entre los puntos centrales se incluye la actualización automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, regulado por la Ley 24.901, mediante el índice de precios al consumidor (IPC). La intención es evitar la interrupción de servicios fundamentales —como terapias, escuelas especiales, transporte o maestras integradoras— ante la falta de pago o desactualización de los valores percibidos por los prestadores.
El dictamen de mayoría, redactado por el diputado Daniel Arroyo, establece también un refuerzo a las pensiones no contributivas por invalidez, que pasarían a ser equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Estas pensiones serían compatibles con trabajos registrados, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos. Además, el Poder Ejecutivo tendría la facultad de aplicar incrementos adicionales según el grado de discapacidad o condiciones geográficas particulares.
Para acompañar a los prestadores de servicios, se propone un régimen especial de regularización fiscal y de aportes a la seguridad social, que incluiría condonaciones de intereses, multas y facilidades de pago para deudas vigentes o vencidas. Asimismo, se prevé una compensación económica que cubra la diferencia entre los aumentos otorgados en 2024 y la inflación acumulada.
El texto aprobado también refuerza el financiamiento para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y para la plena aplicación del régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad, contemplado en la Ley 26.816.
Desde el oficialismo y el bloque de La Libertad Avanza, la iniciativa fue duramente cuestionada. Consideraron que no se detalla con claridad de dónde saldrán los recursos para cubrir el impacto fiscal —estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI— y advirtieron que podría ser vetada por el presidente Javier Milei, en línea con su política de déficit cero.
La diputada Emilia Orozco, de LLA, criticó a los autores del proyecto, acusando a la gestión anterior de haber desvirtuado el sistema de pensiones por discapacidad. “Hicieron de la discapacidad un curro”, disparó.
Desde otros bloques opositores que respaldaron el proyecto, también hubo críticas al enfoque limitado de la medida. “Esto no soluciona de fondo los problemas del sistema”, afirmó Pablo Juliano, de Democracia para Siempre. Su par de la UCR, Soledad Carrizo, instó a no banalizar la discusión y llamó al Gobierno a evitar profundizar el conflicto social: “No rieguen el fuego con más nafta”, advirtió.
