Detuvieron a tres ex altos mandos policiales por el millonario fraude con el combustible de patrulleros

La investigación por irregularidades en el gasto de combustible destinado a patrulleros en la Unidad Regional II de Rosario dio un paso decisivo con la detención de tres ex jefes policiales. Fueron arrestados Daniel Acosta, quien fue al frente de la Policía local hasta mayo; Diego Santamaría, exdirector del Comando Radioeléctrico; y Héctor Saucedo, que lideró la sección Motorizada.

El operativo fue ordenado por el fiscal José Luis Caterina, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe que reveló un esquema de malversación de fondos públicos. Según la acusación, se desvió dinero asignado a la carga de combustible de patrulleros, lo que implicó un perjuicio económico significativo para el Estado provincial.

Las detenciones se produjeron después de que se detectaran irregularidades en los procedimientos de compra y abastecimiento de combustible en la mencionada unidad. Entre las maniobras investigadas figuran cargas ficticias, variedad de justificativos inconsistentes y pagos que no se corresponden con los consumos reales de los vehículos policiales.

En paralelo, la causa avanza con múltiples allanamientos, secuestro de documentación contable y análisis de las cuentas bancarias implicadas. También se evalúan las actuaciones de otros mandos intermedios, ya que la investigación apunta a determinar si existió una cadena de complicidad que operó durante un periodo prolongado.

La defensa de los detenidos aún no ha emitido declaraciones públicas, mientras que el Ministerio de Seguridad y la Unidad Regional II colaboran con la Fiscalía para asegurar el acceso a registros internos y sistemas de control.

El caso agrava la crisis interna de la fuerza y genera fuertes cuestionamientos sobre el uso de los recursos asignados al patrullaje urbano. Las autoridades locales y provinciales han reiterado su compromiso de sancionar las irregularidades y fortalecer los mecanismos de transparencia en la administración de fondos destinados a la seguridad pública.