El financista Fernando Whpei fue imputado este martes en los tribunales federales de Rosario y quedó detenido con prisión preventiva por 90 días, tras ser acusado de haber participado en una maniobra extorsiva en complicidad con el juez federal Marcelo Bailaque y el exjefe de la AFIP local, Carlos Vaudagna. La investigación sostiene que el trío habría armado una causa judicial para exigirle 160 mil dólares a un empresario del sector seguros, y que además Whpei habría sido beneficiado con millonarios fondos de una cooperativa intervenida por el propio Bailaque.
La audiencia estuvo a cargo del juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, quien avaló el pedido fiscal aunque redujo el plazo solicitado de seis meses a tres. La defensa de Whpei había solicitado la prisión domiciliaria aduciendo razones familiares, pero el pedido fue rechazado.
El fiscal Juan Argibay Molina, en representación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), relató que desde 2019 hasta fines de 2024, Whpei habría actuado de forma coordinada con Bailaque y Vaudagna para iniciar y direccionar trámites administrativos y judiciales contra Claudio I., un empresario que estaba próximo a asumir un cargo directivo en una reconocida firma aseguradora.
Según la acusación, el objetivo fue perjudicar su imagen pública y ejercer presión para que entregara dinero a cambio de que la causa fuera archivada. El plan, según el fiscal, incluyó la creación de una denuncia anónima ante la AFIP que luego fue derivada al juzgado de Bailaque. Parte de la evidencia proviene del testimonio como arrepentido de Vaudagna, quien aseguró que Whpei recibió 160 mil dólares en diferentes entregas para interceder ante el magistrado.
En paralelo, el fiscal Federico Reynares Solari, de la Unidad de Casos Complejos, le atribuyó a Whpei un rol central en otra maniobra que involucró el desvío de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de San Lorenzo y Puerto General San Martín. Según la hipótesis fiscal, el juez Bailaque habría dispuesto la intervención de la cooperativa y el posterior desbloqueo de plazos fijos por montos que superaron los mil millones de pesos, que terminaron en manos de una mutual y una firma vinculadas al propio Whpei.
El 10 de septiembre de 2020, Bailaque firmó el decreto que radicó la causa en su juzgado y ese mismo día autorizó el desbloqueo de parte de los fondos. En febrero del año siguiente prorrogó la intervención y rechazó el ingreso como querellantes de los trabajadores de la cooperativa. Más tarde, habilitó la transferencia de los fondos a Grupo Unión SA y a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales.
Reynares Solari calificó el accionar como un “desvío de poder” y remarcó que, aunque no se haya probado un perjuicio económico directo para la cooperativa, existió un beneficio concreto para las entidades que controla Whpei, lo que refuerza la sospecha de connivencia entre el magistrado y el financista.
