El secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, reveló este martes que la investigación judicial mantiene bajo sospecha un saqueo de partidas destinadas a la carga de combustible de los patrulleros que rondaría los 45 millones de pesos por mes o cada dos meses. Según explicó, esos recursos se filtraban mediante las llamadas “cajas negras”, un mecanismo que “nunca debió convertirse en un sobresueldo permitido”.
La causa, a cargo del fiscal José Luis Caterina, se abrió tras una denuncia presentada entre julio y agosto pasados ante la Subsecretaría de Control del Ministerio de Seguridad. “La Fiscalía sigue recolectando información, por lo que las acciones concretas se ajustan a los avances de la pesquisa”, señaló Pereira.
Como medida interna, el gobernador desplazó a Daniel Acosta de la jefatura de la Unidad Regional II, sin que aparezca entre los acusados. En su lugar, el interventor Claudio Romano asumió el control, con el respaldo de Mariano Gobi, quien permanecerá como subjefe al no figurar en la investigación.
De las aprehensiones, solo un mando medio —el jefe de la Brigada de Orden Urbano— quedó detenido; el resto corresponde a personal logístico vinculado con la distribución de nafta: miembros de Agrupación Cuerpos, del Comando Radioeléctrico y de la Policía Motorizada. A estos últimos se les retiraron los celulares y se les apartó del servicio, aunque todavía no se les formalizó imputación.
En cada caso de oficiales con mando arrestados, se designó a sus segundos al frente de las dependencias afectadas para garantizar la continuidad operativa.
Sobre el impacto económico, Pereira enfatizó que “el monto desviado era realmente cuantioso” y que “los registros telefónicos y planillas en manos del fiscal permitirán determinar desde cuándo se desarrolló este fraude”.
La pesquisa se enfocó principalmente en la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos 3900, cuyos titulares y encargado están detenidos y cuyo local permanece clausurado. Aunque no descartan señalar otros puntos, todo indica que allí se concentró la maniobra ilícita entre la empresa y efectivos policiales.
