El crecimiento del turismo de cercanía en el río Paraná abrió una discusión urgente en Rosario: mientras el municipio promociona los paradores isleños como alternativa recreativa para el verano, la cobertura de seguridad en esos espacios aparece como insuficiente. Con ese eje, la concejala radical Anahí Schibelbein presentó un pedido de informes y un proyecto en el Concejo Municipal para exigir medidas inmediatas que garanticen la presencia de guardavidas habilitados en los 24 paradores frente a la costa rosarina.
Los números reflejan el salto de demanda. Entre octubre y diciembre de 2025, más de 8.000 personas cruzaron en embarcaciones hacia esos paradores, y la proyección de Enapro estima que al cierre de la temporada estival el total podría rondar los 50.000 visitantes. En ese contexto, Schibelbein advirtió que la seguridad no está acompañando el crecimiento del flujo turístico.
La preocupación se sostiene en un relevamiento elaborado en base a un informe del Consejo Consultivo del Río: de los 24 paradores isleños, solo tres cuentan con guardavidas, un dato que encendió alertas en el ámbito legislativo local. Para la edil, el desfasaje entre promoción oficial y condiciones de prevención es un problema de fondo que exige intervención inmediata.
En la iniciativa presentada en el Concejo, Schibelbein solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal adopte las medidas necesarias para garantizar guardavidas en todos los paradores incluidos en el listado oficial del Consejo Consultivo del Río y difundidos por el Ente Turístico Rosario (Etur). Los sitios señalados se distribuyen en tres sectores principales: La Invernada, Paraná Viejo y El Banquito (Isla Sabino Corsi).
Schibelbein reconoció que la situación presenta una complejidad adicional: la superposición de jurisdicciones. “Sabemos que dos de los tres puntos de referencia donde se concentran los 24 paradores pertenecen a Entre Ríos y uno a la provincia de Santa Fe, lo cual implica una compleja superposición de competencias entre municipios y provincias”, explicó. Sin embargo, sostuvo que esa dificultad administrativa no puede ser excusa para demorar decisiones. “Es de vital importancia que se tomen medidas urgentes ya que la seguridad es un tema crucial que no puede esperar a que ocurra otra tragedia para actuar”, remarcó.
Paradores con “playas no habilitadas”, pero con bañistas igual
Uno de los puntos más sensibles del planteo es que las costas isleñas se convirtieron en un destino masivo para soportar el calor, aunque en la práctica no están habilitadas como playas. La concejala advirtió que esa contradicción se repite cada verano: “Si bien las islas son un destino preferido de los rosarinos y rosarinas, sus playas no están habilitadas para bañarse. Como consecuencia, la presencia de guardavidas es muy baja y, además, faltan boyas y cartelería preventiva que identifiquen las zonas más peligrosas”.
El proyecto también contextualiza el reclamo en una seguidilla de episodios graves ocurridos en el río durante el último cuatrimestre de 2025, en zonas donde se concentra el tránsito de embarcaciones y la recreación: colisiones con heridos graves, desapariciones de nadadores y hallazgos de cuerpos sin vida frente a Rosario. Para Schibelbein, esa serie de hechos expone una realidad difícil de disimular: la protección y vigilancia en sectores concurridos no alcanza.
La Invernada, el ejemplo más preocupante
Como caso puntual, el proyecto cita el sector denominado La Invernada, donde los paradores no cuentan con guardavidas a pesar de ser un área de alta concurrencia y con antecedentes de incidentes. “Este dato no es menor si se tiene en cuenta que la mayor cantidad de incidentes de bañistas se produce en sus costas”, planteó Schibelbein.
En ese marco, recordó el episodio ocurrido en noviembre, cuando Caren Itatí Ojeda, de 32 años, desapareció tras arrojarse al río desde un parador y luego fue hallada sin vida. “Esa tragedia no fue un hecho aislado”, sostuvo la edil, y sintetizó el diagnóstico en pocas palabras: existen más de 20 playas no habilitadas en paradores isleños —mayoritariamente bajo jurisdicción entrerriana— que en verano reciben cientos de bañistas, incluso con concurrencias que pueden superar a las playas habilitadas de la costa rosarina.
Aunque en algunos puntos hay cartelería con mensajes como “playa no habilitada” o “prohibido bañarse”, Schibelbein advirtió que la advertencia resulta claramente insuficiente frente a la realidad del uso: las personas se meten al río igual, permanecen horas en la costa y lo hacen sin el respaldo mínimo de prevención, señalización o asistencia inmediata.
Promoción oficial y responsabilidad pública
El proyecto agrega un dato que vuelve más sensible el reclamo: los 24 paradores isleños son promocionados por el Municipio de Rosario en canales oficiales del Etur, donde se brinda información sobre cómo llegar y qué servicios ofrecen. Para Schibelbein, esa difusión convierte al Estado local en un actor activo del circuito turístico, por lo que no puede desentenderse de las condiciones de seguridad, aunque parte del territorio esté bajo otra jurisdicción.
Con el verano en su pico de actividad y miles de cruces previstos, el planteo vuelve a poner el foco en una discusión clave para Rosario: si se incentiva el turismo en el río, la prevención no puede ser opcional. El pedido de informes busca acelerar respuestas concretas antes de que el Paraná vuelva a transformarse en noticia por una nueva tragedia.
