Esta semana, la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal reanudará el análisis del proyecto impulsado por el Ejecutivo local que propone habilitar la construcción de edificios de gran altura en diferentes zonas de Rosario. La iniciativa plantea permitir torres de hasta 120 metros (alrededor de 40 pisos) en sectores clave como el centro, Pichincha, Abasto y corredores urbanos principales.
El tratamiento legislativo se retomará en comisiones, donde el oficialismo espera recoger aportes de los distintos bloques y evaluar posibles modificaciones. Los puntos más controvertidos giran en torno a la altura máxima autorizada y al impacto en los servicios públicos en las áreas donde se emplazarían las nuevas construcciones.
Qué propone el proyecto
La normativa presentada por el Ejecutivo apunta a reemplazar el actual sistema de excepciones, que obliga a tratar caso por caso en el recinto, por un régimen general que destrabaría el desarrollo en 743 lotes. Solo estarían incluidos aquellos con una superficie de entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, lo que permitiría el desarrollo de grandes emprendimientos bajo un modelo de “perímetro libre”. Este tipo de edificación, que se separa de los límites de la parcela y no comparte muros con propiedades vecinas, favorece una mayor iluminación natural y ventilación.
El texto original fue presentado el pasado 3 de julio, justo antes del receso invernal del Concejo. Desde entonces, se abrió una etapa de análisis interno en los distintos bloques políticos. Este miércoles, se espera que comience una ronda de intercambio de opiniones y propuestas de enmienda.
Críticas y cuestionamientos
Desde la oposición, algunos concejales manifestaron preocupación por el alcance territorial del proyecto y la capacidad de la infraestructura urbana para soportar la densificación. Juan Monteverde (Ciudad Futura) puso el foco en la magnitud de los terrenos alcanzados, mientras que María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) advirtió sobre la necesidad de que el Concejo conserve atribuciones de control y fiscalización.
Una de las principales inquietudes es el posible impacto sobre los servicios básicos, especialmente en lo que refiere al suministro de agua y energía eléctrica. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que el régimen no implica un aumento en la cantidad de unidades habitacionales permitidas, sino una transformación en la tipología constructiva.
Respuesta del oficialismo
Fabrizio Fiatti, presidente de la comisión de Planeamiento, aclaró que el nuevo régimen no promueve construcciones ilimitadas, sino que establece una fórmula que regula la altura en función del retiro respecto a los deslindes parcelarios. “Para construir más alto, el edificio debe alejarse más de sus vecinos, lo que garantiza mejores condiciones ambientales”, explicó.
Además, el proyecto define techos máximos según las zonas: el rango va de los 45 a los 120 metros. En cuanto al impacto sobre servicios, Fiatti sostuvo que no habrá un incremento en la población prevista por la normativa vigente, ya que se mantendría la misma cantidad de unidades constructivas, solo que con un diseño más vertical.
“El cambio está en el modelo: en lugar de desarrollos más extendidos que ocupan todo el frente, se propone una construcción en altura que se despega de las medianeras, generando mejores condiciones urbanas sin alterar el equilibrio previsto en los planes existentes”, concluyó.
El proyecto seguirá en tratamiento en comisiones y se espera que el debate se intensifique en las próximas semanas, en lo que promete ser uno de los temas más relevantes del calendario legislativo local.
