Tras la confirmación de la condena por corrupción en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema, Cristina Fernández de Kirchner solicitó cumplir su pena de seis años en régimen de prisión domiciliaria. La particularidad del pedido radica en que busca hacerlo sin el uso de tobillera electrónica, lo que generó debate en el ámbito judicial.
Según trascendió, la expresidenta pretende fijar residencia en un departamento de su hija Florencia, ubicado en el barrio de Constitución, y argumenta su solicitud en base a tres razones: su condición de ex jefa de Estado, lo que implicaría requerimientos especiales de seguridad; el atentado que sufrió en 2022; y su edad, ya que actualmente tiene 72 años.
El Código Procesal Penal y la ley 24.660, que regula la ejecución de penas privativas de libertad, contemplan la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria sin control electrónico en casos puntuales. La decisión, sin embargo, queda a criterio del juez interviniente, que evaluará la situación particular del condenado.
En caso de ser autorizada, Cristina podría recibir visitas y mantenerse comunicada con personas previamente autorizadas por el juzgado. También podría continuar realizando tareas laborales desde su domicilio. Además, la normativa prevé que se pueden autorizar salidas extraordinarias, siempre bajo permiso judicial, por ejemplo para asistir a tratamientos médicos.
No obstante, el régimen también impone restricciones claras: no podrá ausentarse del domicilio sin aprobación judicial, excepto en situaciones de emergencia comprobable. Tampoco le estará permitido establecer contacto con víctimas o testigos si ello representa un riesgo procesal o viola medidas impuestas. Asimismo, no puede utilizar medios de comunicación con fines delictivos ni interferir en la causa judicial, como tampoco modificar su lugar de residencia sin autorización o impedir el acceso de las autoridades que controlan el cumplimiento de la pena.
La solicitud deberá ser evaluada antes del 19 de junio, fecha límite en la que la ex presidenta debe presentarse formalmente ante la Justicia para comenzar a cumplir su condena.
