Dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) quedaron en el centro de la investigación por el homicidio de Agustín de la Encina Capelletti, un recluso de 26 años que fue asesinado a puñaladas dentro de la cárcel de Piñero. En su declaración ante la Justicia, los oficiales aseguraron que simplemente acataron “órdenes de un superior” al permitir el acceso a los atacantes.
Los imputados, identificados como Gustavo R., de 26 años, y Julián A., de 25, permanecerán en prisión preventiva por el plazo máximo estipulado por la ley, que es de dos años. Mientras tanto, la Justicia avanza en el proceso para determinar su grado de responsabilidad en el crimen. La víctima, antes de su detención, se había desempeñado como broker de seguros y estudiaba derecho, pero su situación cambió radicalmente en 2021, cuando fue arrestado por una causa relacionada con la venta de drogas.
Su historial dentro del sistema penitenciario no pasó desapercibido. Inicialmente estuvo alojado en la Unidad Penitenciaria de Coronda, pero su nombre comenzó a resonar en julio de 2024, cuando se le atribuyó la coordinación de un cargamento de cocaína valuado en 250 mil dólares con destino a Rosario. Además, en octubre de 2023, una investigación lo vinculó con un intento de asesinato ocurrido en marzo de ese año, donde una mujer recibió cuatro disparos, aunque logró sobrevivir. Su testimonio lo señaló como parte de una red de narcotráfico que operaba incluso desde prisión. Por estos antecedentes, las autoridades decidieron trasladarlo a la cárcel de Piñero, donde finalmente fue asesinado por otros internos.
En relación con el día del crimen, Gustavo R. brindó detalles sobre su participación: “Después de la visita, mientras me sacaba el casco reglamentario, vi cómo golpeaban a de la Encina. Él intentó refugiarse en la jaula de seguridad, que estaba abierta, y yo la cerré. Minutos después, mi superior, Hernán P., me ordenó abrir la puerta. Yo solo cumplí instrucciones, si me negaba podía recibir sanciones”. Además, el agente señaló que un interno de apellido González, quien ocupaba el rol de delegado en el Pabellón 6, fue el que dio la señal para que otros cinco reclusos atacaran a la víctima, a quien acusaban de haber traicionado a la mafia.
El testimonio del penitenciario también dejó en evidencia las condiciones laborales dentro del penal. Según relató, el 12 de enero había cumplido un turno de 24 horas y, cuando estaba por retirarse, le informaron que debía quedarse otro día entero debido a la falta de personal. Durante esa jornada adicional, fue asignado a la vigilancia del Pabellón 6 y a la custodia de la jaula donde ocurrió el crimen.
La investigación ahora se centra en esclarecer hasta qué punto la omisión de los agentes contribuyó al desenlace fatal y si existió una estructura de complicidad más amplia dentro del penal. La versión de los imputados sugiere que el crimen no fue espontáneo, sino que respondió a un ajuste de cuentas organizado dentro del sistema carcelario.
