El subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, Federico Angelini, criticó duramente lo que consideró una “puerta giratoria” de la justicia penal tras el homicidio de Lucas Martín Cicarelli, ocurrido en la madrugada en la costanera de Rosario. Angelini apuntó que el agresor, quien ya había sido detenido en múltiples ocasiones, “estaba en libertad gracias a un garantismo judicial que lo protegía”.
Según explicó, la muerte de Cicarelli “no es una tragedia aislada, sino la crónica anunciada de un asesinato derivado de la impunidad garantista”, en referencia al hecho de que el presunto autor contaba con al menos once detenciones previas. Angelini remarcó que el sistema judicial permitió que volviera a circular libremente.
El funcionario consideró que el mecanismo de sobreprotección de garantías procesales se convirtió en un obstáculo para la persecución efectiva de los delincuentes. “Cuando un agresor reincide tantas veces y sigue suelto, no hablamos de errores aislados, sino de una falla de fondo en la cadena penal”, afirmó.
En su intervención pública, Angelini advirtió que la ciudad de Rosario debe “recuperar la paz y no traer hasta sus calles los conflictos que deberían resolverse en el Estado de derecho”. Criticó la reutilización del término “acto de violencia” como excusa para justificar liberaciones sucesivas y reclamó una revisión profunda de los mecanismos de control, de detención y de representación judicial aplicados a los casos graves de inseguridad.
La causa de Cicarelli, que conmocionó a la comunidad local, se convirtió en símbolo de la crisis del sistema penal: un joven asesinado tras un robo violento y un agresor con un historial de detenciones que seguía impune. El planteo de Angelini abre el debate sobre hasta qué punto el garantismo —entendido como protección de derechos y garantías procesales— puede transformarse en barrera para el castigo efectivo y la prevención de nuevos hechos.
Mientras tanto, el foco se traslada a la actuación de juzgados, tribunales y servicios penitenciarios, así como al rol de la política criminal en asegurar que las garantías procesales no se conviertan en instrumentos de dilación o exención de responsabilidad. Los reclamos de Angelini plantean una tensión creciente entre la tutela de derechos y la exigencia de seguridad efectiva para la ciudadanía.
