El conflicto entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los prestadores del sistema se profundiza. El organismo había convocado una reunión de directorio para definir una actualización del nomenclador de prestaciones, pero la canceló apenas tres horas después, sin brindar explicaciones. La decisión generó un fuerte malestar entre transportistas, instituciones y familias vinculadas al sector, que denuncian el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno nacional.
Según la Decisión Administrativa N° 24/2025, la ANDIS recibió en octubre una partida superior a los 121 mil millones de pesos destinada a otorgar aumentos al sector. Sin embargo, ni la agencia ni el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, ejecutaron hasta el momento la reasignación presupuestaria. El último ajuste otorgado fue en diciembre de 2024, y representó apenas un 0,5% de incremento sobre los aranceles vigentes.
Desde la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (ATRAES) expresaron su preocupación y advirtieron sobre la posibilidad de una medida de fuerza inminente. “Estamos evaluando suspender todos los servicios esta semana. La situación es desesperante, no se puede sostener más”, afirmó Pablo Bolego, presidente de la entidad.
El dirigente señaló que la suspensión de la reunión fue “un nuevo atropello institucional” y acusó al gobierno de “desarticular los canales de diálogo con los prestadores”. Además, recordó que el sector atraviesa una crisis sin precedentes: “La falta de actualización de los valores, el congelamiento de aranceles y el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente desde junio, nos están llevando al límite”.
En las últimas semanas, el clima dentro de la ANDIS también se volvió tenso. Empleados del organismo realizaron protestas por retrasos salariales y falta de respuestas a los reclamos gremiales, en jornadas que incluyeron momentos de alta conflictividad.
Desde ATRAES exigen que la agencia restablezca de inmediato la reunión del directorio, cumpla con la ley vigente y garantice la participación de las organizaciones del sector en la definición de políticas públicas. “Cada día de demora agrava la situación de miles de familias y profesionales. La discapacidad no puede seguir siendo rehén de la improvisación y el destrato”, subrayó Bolego.
Mientras tanto, los transportistas advierten que, de no concretarse la convocatoria y el aumento prometido, suspenderán la totalidad de los servicios en los próximos días, lo que afectaría el traslado de miles de personas con discapacidad en todo el país. El conflicto, que combina malestar económico y desconfianza institucional, vuelve a poner al sistema al borde del colapso.
