A casi ocho años de los hechos, la Justicia de Rosario condenó a 12 policías santafesinos por el caso conocido como Cuatro Plazas, un episodio de violencia institucional ocurrido en marzo de 2018 tras la detención de un grupo de jóvenes. Cuatro de los agentes recibieron penas de prisión efectiva por vejaciones agravadas y lesiones, mientras que otros ocho fueron sentenciados por no denunciar lo sucedido pese a haber presenciado los hechos.
La sentencia fue leída este miércoles y marcó un punto de cierre parcial para una causa que se originó a partir de la denuncia de siete jóvenes. Desde la querella remarcaron que el fallo constituye un reconocimiento judicial de los abusos denunciados aquella madrugada del 23 de marzo de 2018.
Entre los principales condenados aparecen Roberto Damián Salinas, Santiago Alejandro Morgan y Sergio Leouel Romero, quienes recibieron penas de cuatro años de prisión. En tanto, Diego Juan Carlos Ojeda fue condenado a tres años y seis meses de cárcel. En dos de esos casos, además, el tribunal agregó responsabilidad por falsedad ideológica de documento público vinculada al acta policial del procedimiento. Los cuatro quedaron detenidos tras la audiencia.
El tribunal también resolvió condenar a otros ocho efectivos a tres años de prisión de ejecución condicional por favorecimiento personal por omisión de denuncia agravado por su condición de funcionarios públicos. Según la resolución, esos policías presenciaron las agresiones y no promovieron ninguna denuncia. Como parte de las condiciones impuestas, deberán cumplir reglas de conducta durante tres años y no acercarse a las víctimas.
Al mismo tiempo, nueve agentes fueron absueltos. En algunos casos, el tribunal entendió que actuaron en cumplimiento de un deber; en otros, consideró que no existía prueba suficiente para atribuirles participación penal. Desde la querella ya adelantaron que apelarán esa parte del fallo.
La fiscal Karina Bartocci valoró que el juicio haya permitido reconstruir los hechos denunciados y llegar a condenas, aunque señaló que todavía será necesario esperar los fundamentos completos de la sentencia para definir los próximos pasos procesales. También destacó que, pese a la gravedad institucional del caso, el delito de vejaciones tiene escalas penales relativamente bajas en el Código Penal, lo que condiciona el monto de las penas posibles.
El juicio oral se extendió durante varias semanas y reunió testimonios de víctimas, policías y peritos. Para los organismos de derechos humanos que acompañaron el proceso, el fallo representa un antecedente importante frente a prácticas de violencia policial que suelen quedar impunes o diluirse con el paso del tiempo.
Aunque la causa todavía no quedó cerrada de manera definitiva, la resolución judicial dejó un mensaje concreto: casi ocho años después, la violencia ejercida por agentes estatales en el espacio público encontró, al menos en parte, una respuesta en los tribunales.
