Con dos recientes clausuras a chatarrerías ubicadas en la zona sur de Rosario, Santa Rosa de Lima al 200 y Medici al 4700, ya son más de 50 las sanciones de este tipo en lo que va del año. En sintonía, también se radicaron denuncias penales contra 26 de ellas, en el marco de los controles que se vienen realizando para detectar, entre otros datos, la procedencia del material acopiado en este tipo de negocios.
“Desde que comenzamos con los operativos en chatarrerías ya tuvimos, por ejemplo, una baja del 50 por ciento en el robo de medidores de agua y se recuperaron muchos materiales del alumbrado público”, destacó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, y agregó: “A partir de estas intervenciones comenzamos a cortar de a poco con el vandalismo que sufre el vecino día a día”.
Las 51 intervenciones (con 15 clausuras y 36 reimplantes) se dieron desde el inicio de año, a las que se sumaron 26 denuncias penales que también concretó la Secretaría de Control y Convivencia luego de que esos locales violaran al menos una clausura previa. La presentación judicial se realiza luego que los agentes comprueban, en el marco de una nueva inspección, que el negocio se encuentra funcionando y, además, retiró la faja que se había colocado. Es decir, se actúa de esta forma tras detectar una desobediencia grave a la autoridad estatal.
En tanto, los operativos de chatarrerías se originan de dos formas. Por un lado, a partir de denuncias de particulares o vecinos ante posibles irregularidad o ilegalidades. Mientras que, en paralelo, se realizan controles de rutina, que en general se programan por distrito. Participan la Direcciones Generales de Inspección de Comercio, Industria y Servicio; Control Urbano y la Policía santafesina. El municipio fiscaliza las condiciones de seguridad e higiene, en tanto que la fuerza de seguridad provincial es quien controla la procedencia del material acopiado.
Vale recordar que el año pasado se secuestraron más de 20 toneladas de materiales de dudosa procedencia. Y se produjo la detención, siempre junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, de 31 personas responsables de distintos establecimientos. Asimismo, se presentaron 25 denuncias penales en la Justicia.
