El sistema de narcotest para las fuerzas provinciales comenzó este martes con una prueba al gobernador Maximiliano Pullaro y a su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quienes dieron negativos. Se trata de la flamante prueba que detecta cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas, y por la cual se someterá a agentes policiales, personal del Servicio Penitenciario y funcionarios.
La implementación retoma una política que Pullaro ya había impulsado en 2017, cuando era ministro de Seguridad. “Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina: la mejor Policía, la mejor Agencia de Investigación Criminal y el mejor Servicio Penitenciario. Para eso no alcanza con invertir en infraestructura o equipamiento; también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones de brindar ese servicio”, subrayó.
Los narcotests serán sorpresivos, periódicos y no anunciados para policías, penitenciarios y autoridades políticas. La resolución fue firmada por el ministro Pablo Cococcioni, que también integra el padrón de personas sujetas a control y esta mañana realizó el suyo, también con resultados negativos. Durante las primeras horas de la jornada, se realizaron 30 pruebas.
“Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo; lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”, comentó el mandamás provincial tras el test.
Los estudios serán realizados por laboratorios externos; los resultados se entregarán en sobres cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena que culmina en el propio gobernador. “Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, explicó Cococcioni.
El funcionario aclaró que los controles son sorpresivos: “Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La convocatoria es inmediata, obligatoria y no preanunciada. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza, lo cual incide directamente en la asignación de responsabilidades jerárquicas”.
La prueba se incorpora como requisito obligatorio en los exámenes de ingreso y ascensos dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. “Si se detecta un consumo problemático se priorizará la atención desde la salud; pero si la persona cumple funciones sensibles o de mando, podrá ser apartada de ese cargo”, remarcó el ministro.
