Después de una jornada de audiencias dirigidas a esclarecer la serie de crímenes que sacudieron a Rosario durante el mes de marzo, donde fallecieron dos taxistas, un colectivero y un playero, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, evaluó en una conferencia de prensa las acciones realizadas por la Justicia hasta el momento y delineó los próximos pasos a seguir desde la política penitenciaria provincial y federal.
El funcionario destacó la coordinación entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Poder Ejecutivo (PE) y la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) durante las audiencias, lo que permitió formular imputaciones y dictar medidas cautelares, como la prisión preventiva sin plazo para todos los imputados.
Cococcioni resaltó que la investigación reveló la acción coordinada de distintos grupos criminales, que incluyeron homicidios, tiroteos contra comisarías y ataques al transporte público, con órdenes impartidas desde cárceles provinciales y federales.
El ministro también abordó las condiciones de detención, señalando que las recientes medidas de control, como la restricción de visitas y la prohibición del ingreso indiscriminado de mercadería a las cárceles, responden a la necesidad de mejorar la seguridad y evitar la comisión de delitos desde el interior de las prisiones.
En cuanto a las visitas a los reclusos, Cococcioni anunció la activación de una cláusula que permite suspender o cancelar las visitas a aquellos detenidos que infrinjan las reglas, especialmente aquellos que utilicen las visitas para ordenar crímenes desde la cárcel.
Por último, el ministro destacó la importancia de ser firmes con los adultos que utilizan a menores para cometer delitos, subrayando la necesidad de revisar la edad de imputabilidad penal y aplicar sanciones adecuadas a quienes involucren a menores en actividades delictivas.
