El cierre definitivo de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), la única productora nacional de aisladores eléctricos, encendió señales de alerta en el sector energético y obligó al Gobierno a mover rápido una ficha sensible: suspendió por seis meses los derechos antidumping que pesaban sobre la importación de esos insumos, clave para el funcionamiento seguro de la red eléctrica.
La decisión oficial quedó plasmada en la Resolución 345/2026 y apunta a evitar que la salida de escena del único fabricante local derive en problemas de abastecimiento para obras y tareas de mantenimiento. Los aisladores de porcelana son piezas esenciales para impedir fugas de energía y garantizar la operación de líneas de alta tensión y transformadores.
Según el relevamiento citado en la nota, FAPA abastecía alrededor del 70% del consumo aparente del mercado y concentraba toda la producción argentina de ese rubro. Tras su cierre y la liquidación total de la planta, el país quedó completamente atado a la oferta externa, ya que ninguna otra empresa asociada a Cadieel fabrica hoy ese tipo de componentes.
En ese contexto, la Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó dejar en suspenso las medidas antidumping que regían desde 2015 para productos provenientes de China, Brasil y Colombia. La lógica oficial fue clara: mantener esos recargos en un escenario sin producción local dejaba de proteger a la industria y pasaba a convertirse en un riesgo para una infraestructura crítica como la red eléctrica.
La decisión, de todos modos, no disipó del todo la cautela en el sector. El último informe trimestral de Cadieel, correspondiente a diciembre de 2025, mostró que el 44% de las empresas registró una caída en la producción, con una merma promedio del 31% respecto del trimestre anterior. A eso se sumó un uso dispar de la capacidad instalada y un mercado laboral sin generación de nuevos puestos.
Para comienzos de 2026, además, la mayoría de las compañías consultadas proyectaba estabilidad antes que expansión: 57% esperaba mantener su nivel de actividad, 22% apostaba a una mejora y 21% anticipaba retrocesos. En empleo, predominaba la misma prudencia.
Así, el caso FAPA dejó al descubierto una doble fragilidad: por un lado, la desaparición de un proveedor estratégico; por otro, la debilidad de un entramado industrial que ya venía golpeado. La suspensión de aranceles busca evitar un problema inmediato en el sistema eléctrico, pero también confirma que el país perdió una capacidad productiva que, al menos por ahora, no tiene reemplazo local.
