La histórica firma Celulosa Argentina profundiza su crisis. Este miércoles, la compañía comunicó oficialmente la paralización total de sus plantas industriales en el país, entre ellas la de Capitán Bermúdez, donde actualmente solo se realizan tareas de mantenimiento básico a cargo de personal que no se encuentra de licencia.
La decisión fue informada a través de una nota enviada a los mercados, en la que la empresa atribuye la situación a un fuerte deterioro de su capital de trabajo. “El complejo escenario financiero que enfrentamos nos obliga a mantener inactivas nuestras instalaciones industriales”, señala el comunicado.
La producción también se encuentra detenida en su planta de Zárate, lo que refleja la magnitud del freno productivo. En ambas sedes, las operaciones están limitadas a trabajos mínimos de conservación, sin actividad industrial.
La compañía, controlada por el grupo Tapebicuá, ya había encendido las alarmas en mayo pasado, cuando declaró que no podía afrontar el pago de sus compromisos financieros, incluyendo títulos de deuda. Posteriormente, en junio, presentó una propuesta de reestructuración ante sus acreedores, aunque las negociaciones no lograron avanzar hasta el momento.
Según estimaciones periodísticas, el pasivo financiero de Celulosa rondaría los 128 millones de dólares. La empresa argumenta que la combinación de una fuerte caída en sus ventas locales —superior al 30%— y el incremento sostenido de sus costos fijos en dólares erosionaron por completo su capacidad de generar ingresos.
A pesar del escenario adverso, desde la firma aseguran que siguen trabajando en alternativas para evitar el colapso definitivo. “Estamos abocados a avanzar en la reestructuración de nuestras deudas y en la búsqueda de nuevos socios o inversores estratégicos que nos permitan recomponer el capital de trabajo y retomar la operación productiva”, indicaron.
La situación de Celulosa Argentina no solo preocupa por el riesgo de continuidad de una de las compañías más emblemáticas del sector papelero, sino también por el impacto social que podría tener una parálisis prolongada, especialmente en Capitán Bermúdez, donde la planta representa una fuente clave de empleo para la región.
