El Gobierno nacional decidió impedir el acceso a Casa Rosada a periodistas acreditados de varios medios que quedaron bajo sospecha tras la difusión de una investigación sobre una presunta campaña de desinformación atribuida a una red de origen ruso. La medida se aplicó este lunes en los ingresos de Balcarce 50 y alcanzó a cronistas que habitualmente cubren la actividad oficial.
La restricción generó malestar entre los trabajadores de prensa y abrió una nueva controversia en torno al vínculo entre el oficialismo y los medios. Según distintas versiones periodísticas, la decisión no se extendió de manera general a todo el sistema de acreditaciones, sino que impactó sobre periodistas de medios identificados como críticos del Gobierno o mencionados en la investigación difundida en los últimos días.
Entre los medios cuyos cronistas no pudieron ingresar figuran Ámbito Financiero, C5N, La Patriada, A24, El Destape y Tiempo Argentino, de acuerdo con reportes publicados este 6 y 7 de abril. En algunos casos, los periodistas aseguraron que no hubo una notificación formal previa y que la prohibición les fue comunicada en el mismo control de acceso por personal de seguridad y Casa Militar.
Desde el oficialismo, la medida fue asociada a una supuesta necesidad de resguardo institucional frente a la denuncia sobre una operación extranjera orientada a desacreditar a Javier Milei. Esa denuncia tomó fuerza luego de que una investigación periodística internacional revelara documentos filtrados sobre una campaña atribuida a “La Compañía”, un grupo de espionaje ruso que habría impulsado más de 250 artículos en medios argentinos entre junio y octubre de 2024 para dañar la imagen del Presidente.
El punto más polémico del episodio pasa por el criterio con el que se aplicó la restricción. La decisión no involucró a todos los medios mencionados en la investigación ni a la totalidad de los periodistas acreditados, lo que alimentó cuestionamientos por el carácter selectivo de la medida y por su eventual uso como herramienta de presión sobre la cobertura periodística en la sede del Ejecutivo. Esa lectura es una inferencia razonable a partir de los reportes sobre bloqueos parciales y reclamos públicos de los cronistas afectados.
Así, la denuncia por una presunta maniobra internacional de desinformación terminó derivando en un nuevo frente de conflicto interno: el acceso de la prensa a la Casa Rosada y los límites entre seguridad, control institucional y libertad de cobertura.
