El Concejo Municipal de Rosario solicitó a la Municipalidad que implemente un decreto aprobado hace doce años. La iniciativa busca que el Ejecutivo local desarrolle un plan para eliminar los vehículos acumulados frente a las comisarías.
El pedido actual, firmado por las concejalas Fernanda Gigliani y María Fernanda Rey, recuerda que en marzo de 2012 se aprobó una solicitud para que el municipio “con carácter de urgencia, tome las medidas necesarias para acordar un plan de acción que brinde una solución definitiva a fin de trasladar a un predio todos los vehículos estacionados en las sedes policiales”.
Este decreto se basaba en las quejas constantes de los vecinos cercanos a las comisarías, quienes observan cómo diariamente se depositan vehículos que permanecen meses o años frente a las dependencias. Estos automóviles a menudo son vandalizados, se les roban piezas o incluso son incendiados intencionalmente.
El proyecto, que lleva 12 años sin ejecutarse, proponía que la municipalidad de Rosario trabajara con el gobierno provincial para encontrar terrenos donde trasladar estos vehículos y asegurar su mejor conservación, evitando también los problemas de tráfico que actualmente generan.
“El decreto fue aprobado el 01/03/2012 y no hemos recibido ninguna respuesta por parte del ejecutivo municipal sobre las gestiones solicitadas en el mismo”, lamentaron las concejalas.
Asimismo, añadieron: “Después de 12 años desde la aprobación de este decreto, el problema sigue tan vigente o más que cuando se votó la normativa. Por lo tanto, es necesaria una respuesta de las áreas municipales para solucionar un tema que afecta la vida cotidiana de los rosarinos y rosarinas”.
“Desde 2012 ha habido promesas oficiales de resolver este problema, pero los años pasan y los vecinos siguen sufriendo. Varias comisarías continúan llenas de vehículos incautados pese a múltiples promesas e intentos de solucionar la situación. Los problemas en las calles donde se encuentran las comisarías generan complicaciones de tránsito debido, en algunos casos, a la superpoblación de vehículos”, agregaron.
Por todo esto, esta nueva solicitud exige al municipio que cumpla con lo aprobado hace doce años y establece un plazo de 60 días para su implementación, con el fin de evitar que nuevamente quede sin efecto.
