Con el período de sesiones extraordinarias ya habilitado, Patricia Bullrich decidió pisar el acelerador para llevar la reforma laboral al recinto del Senado el próximo 11 de febrero. La jefa del bloque oficialista volvió a reunirse con referentes de bancadas “dialoguistas” y, al salir del encuentro, se mostró confiada en que el oficialismo llega con los acuerdos necesarios para abrir el debate y votar el proyecto.
La reunión se extendió durante casi tres horas y tuvo lugar en el despacho de la conducción radical en la Cámara alta. Allí, Bullrich revisó el texto “artículo por artículo” junto a senadores de distintos espacios y adelantó que entre ahora y el viernes se terminará de pulir la redacción final. La intención del oficialismo es cerrar el dictamen definitivo en los días previos y desembarcar en el recinto con un entendimiento consolidado. Sin embargo, la dirigente evitó dar detalles sobre las modificaciones que se negocian: aseguró que los cambios quedarán “bajo cuatro llaves” hasta el momento de la sesión, como una forma de preservar el delicado equilibrio alcanzado.
En paralelo, la discusión se trasladará a la mesa política del Gobierno, que tiene previsto reunirse en las próximas horas con la participación de figuras clave del armado libertario. Allí se terminarán de definir los puntos más sensibles del paquete, especialmente los vinculados al capítulo impositivo, que hoy concentra la mayor resistencia de los gobernadores.
El principal nudo es Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que impacta de lleno en la recaudación provincial. En el Senado se viene hablando de una reducción de alícuotas para sociedades y, del lado de las provincias,z, se instaló la advertencia de que un recorte de ese tipo podría implicar una merma fuerte en sus cajas. Bullrich reconoció que ese debate se está dando entre Nación y los mandatarios provinciales y remarcó que el oficialismo intenta mantener dos objetivos en tensión: sostener el superávit fiscal y, al mismo tiempo, avanzar con una baja de impuestos.
Otro punto que genera ruido es el Fondo de Asistencia Laboral, pensado como un esquema alternativo de indemnizaciones con financiamiento asociado a recursos previsionales. En las conversaciones con los bloques dialoguistas apareció la idea de acotar el alcance del mecanismo, por ejemplo, limitándolo a pymes, pero la definición final todavía está abierta.
En ese contexto, el Gobierno también retomó el diálogo con gobernadores para descomprimir el frente político. En uno de los encuentros recientes, Sergio Ziliotto planteó reparos sobre el diseño del proyecto, pidió ampliar la discusión incorporando a actores sociales y volvió a poner sobre la mesa reclamos por deudas previsionales, viviendas y rutas nacionales. Mientras tanto, en el Senado el oficialismo apuesta a llegar al 11 de febrero con los votos alineados y un texto retocado, pero aún envuelto en hermetismo.
