Bioceres entra en quiebra y la disputa entre accionistas se traslada a los tribunales

La medida judicial se produjo luego de una presentación impulsada por Moolec, firma que ejerce el control mayoritario del grupo y que había promovido el proceso tras cambios en la conducción societaria ocurridos a fines del año pasado. La decisión implica ahora la designación de síndicos y la apertura formal del proceso concursal bajo supervisión judicial.

El trasfondo de la resolución excede lo estrictamente contable. La compañía, fundada en 2001 y reconocida por desarrollos tecnológicos aplicados al agro —entre ellos la semilla de trigo tolerante a sequía y salinidad conocida como HB4— atraviesa una profunda fractura entre dos sectores del accionariado. Por un lado, se ubican referentes históricos vinculados al origen de la firma, que rechazan el camino de la quiebra. En la vereda opuesta, el grupo inversor encabezado por el empresario uruguayo Juan Sartori respalda la decisión y sostiene que la situación económica tornó inevitable esa salida.

El conflicto incluye acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad en el deterioro patrimonial. Desde el entorno de los accionistas críticos se deslizó que la estrategia judicial podría responder a un intento de reconfigurar el control de la empresa en un escenario de crisis. En contraste, la conducción alineada con Moolec atribuye el colapso financiero a la gestión anterior y argumenta que los estados contables cerrados a mediados de 2025 evidenciaban un escenario de inviabilidad.

La disputa, que ya había generado tensiones en el directorio y desplazamientos en la conducción, ingresó así en una nueva etapa con intervención directa de la Justicia. El expediente deberá determinar el alcance de las obligaciones pendientes y definir el futuro patrimonial de una compañía que durante años fue presentada como caso emblemático de innovación científica con proyección internacional.

Más allá del desenlace societario, el proceso abre interrogantes sobre el impacto en el ecosistema biotecnológico local y en los productores agropecuarios que participaron como accionistas en el proyecto original.